Para sorpresa de muchos, Villa del Rosario se encuentra entre los diez  municipios en Colombia con el mayor número de vehículos matriculados. Eso debe equivaler a unas finanzas boyantes en la Secretaría de Tránsito para adoptar planes preventivos de seguridad vial y de control en ese municipio metropolitano.

Las razones para que eso suceda en esa localidad, donde llegan muchos carros de fuera de Norte de Santander y que son vendidos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, entre otras ciudades, es que los costos de matrícula y los impuestos son menores aquí.

Ahora que se cayó el artículo 206 de la Ordenanza 010 de 2018, que no volverá a tener vigencia en contra de los beneficios para motivar el registro de automóviles y motos, quedan muchas situaciones que deben ser objeto de decisiones.

Una, que mediante una auditoría se resuelva la pregunta de ¿cuánto dinero recaudó Villa del Rosario como octava localidad en Colombia en conceder placas a carros de todas las gamas en el país? ¿Ese dinero en qué se invirtió?

La ciudadanía merece saberlo, porque no debe de ser una cuantía menor si tenemos presente que por ejemplo el año pasado el municipio histórico entregó 12.535 nuevas matrículas, situándose en una lista que es encabezada por Funza (Cundinamarca), Sabaneta (Antioquia) y Florida (Valle).

El otro aspecto que queda por resolver es hasta qué punto podría llegar a considerarse, desde el punto de vista legal, que el departamento y sus municipios con autoridad de tránsito estaban incurriendo en alguna clase de competencia desleal frente a los demás departamentos. La sentencia con sus respectivos alegatos de la defensa departamental sería bueno que se pusieran a la vista de la opinión pública, para saber cómo transcurrió ese episodio en el que se afectan las finanzas y, posiblemente, los derechos de los propietarios de los vehículos matriculados accediendo a esos beneficios. Todo eso debe ser suficientemente sopesado y explicado.

Si no hay nada que hacer, pues le corresponderá al nutrido cuerpo de asesores de la Gobernación de Norte de Santander para que propongan las mejores opciones que permitan taponar ese déficit que tendrán las finanzas departamentales, al dejar de recibir el volumen de recursos por impuesto de vehículos.

Dentro de los efectos inmediatos es probable que no haya ninguna clase de descuento y que sean más fuertes las acciones para la recuperación de la cartera de aquellos que no están al día con el pago de dicho tributo, que deja unos $44.000 millones anuales.

La fórmula que se busque para aliviar ese frente de los recursos propios departamentales debe tener presente la concertación con el sector privado, es decir, los concesionarios de vehículos, cuyo gremio tiene una posición que indica que la sentencia permitirá sincerar el mercado local de automotores.

Lo anterior porque desaparecerá la burbuja que producía el alto número de carros y motos adquiridos en otros departamentos, llegándose entonces a saber realmente cuántos son los vehículos que se venden en esta zona de la frontera con Venezuela.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) dejará de ser irreal para el caso nortesantandereano por la alta cantidad de carros que circulan en otras partes del país con placas de aquí. Y no es cualquier cosa. Datos de Fenalco señalan que más de la mitad de los matriculados venían de afuera del departamento.

Este complejo hecho hay que tratarlo con medidas jurídicas y financieras responsables para bien del fisco y del contribuyente.  

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