Desplazamiento intraurbano, amenazas de los grupos armados ilegales, de las bandas criminales y de los microtraficantes, son los enemigos que acechan la labor de la dirigencia comunal en Cúcuta.

El asesinato de un líder cívico del barrio Antonia Santos volvió a poner en evidencia la urbanización del conflicto armado que con su carga de economías ilegales ha infectado los barrios con su peligrosa dinámica.

En el caso de los comunales hay una prueba reciente expuesta por el mismo presidente de la junta del barrio de la ciudadela de Juan Atalaya en que fue asesinado el líder comunitario.

Según su denuncia, él ha venido recibiendo amenazas de muerte de la disidencia de las Farc, que por aquí tiene fuerte presencia, así como de los delincuentes de la zona.

La relación de situaciones de riesgo para esta clase de liderazgo social señala que desde 2020 a la fecha han ocurrido 137 asesinatos, mientras que otros 87 han recibido intimidaciones y amenazas de muerte.

En la reciente manifestación para reclamar por el derecho a la vida y la integridad de los comunales, se resaltaron las expresiones: “ser líder social no es un delito. No somos una cifra, esto tiene que parar”.

Precisamente, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que el año pasado en Colombia fueron asesinados 181 líderes, de los cuales 160 eran hombres y 21, mujeres.

Es razonable el clamor comunal de que no sean considerados un número más dentro de las defunciones producto de la violencia, la cual sirve de objeto político opositor y de estadística por parte de las instituciones estatales para decir, sí, pero los homicidios contra el liderazgo social han ido bajando.

Menos palabras, más atención y más acción es la que se debería empezar a sentir entre las comunidades de Cúcuta que tampoco escapan a otra modalidad de violencia como es el desplazamiento intraurbano.

A los amenazados les toca cambiar de barrio o de comuna de la noche a la mañana para evitar ser víctimas del crimen, que en la ciudad pulula por la existencia de por lo menos 25 bandas de extrema peligrosidad.

Y así como los comunales son quienes en sus barriadas luchan porque se tengan mejores condiciones de habitabilidad, ellos también muestran que esa movilidad existe, al advertirse que al menos hay quince casos en que debieron marcharse de un sector a otro por acciones hostiles en su contra.

El Estado debe propender por la defensa de esos liderazgos que los violentos pretenden destruir y sacar del camino para debilitar a las comunidades y someterlas  para así poder llegar más fácil a montar zonas del crimen.

Hay que recalcarle al comisionado de Paz que al ser el territorio de Cúcuta afectado por el accionar de la disidencia de las Farc y del Eln, en la mesa de negociaciones se debería abrir un capítulo aparte porque lo que ocurre aquí no es de poca monta y si tenemos presente que somos una capital de departamento y la más importante ciudad en la frontera con Venezuela, seguimos con creciente extorsión, secuestro, homicidio y robo.

La desafortunada situación que enfrenta la dirigencia comunal en las zonas rural y urbana es el microcosmos perfecto de la rampante inseguridad en el municipio, donde la ciudadanía no aguanta más y reclama pronta y efectiva acción tanto por parte de las autoridades locales como del Gobierno central, porque lo que sucede aquí es producto de la oleada de violencia que existe hoy en el país.

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