Desde que fue emitida la alerta temprana 030 sobre el contexto electoral han sido registradas 204 acciones violentas de grupos armados ilegales, se lee al abrir el portal de la Defensoría del Pueblo.

A escasos diez días de que se abran las urnas para las elecciones regionales del 29 de octubre sigue latente dicha notificación, aunque debe matizarse con el reciente cese bilateral del fuego, durante tres meses, con la disidencia de las Farc al mando de Iván Mordisco.

Se supone que ese silenciamiento temporal de los fusiles por cerca de 3.500 integrantes del llamado Estado Mayor Central tendrá que reflejarse en unas votaciones sin presión armada en las zonas de influencia de esa organización, entre ellas el Catatumbo.

El jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, Camilo González Posso, dejó ver que “respetar la vida en todas sus formas” y “evitar afectaciones a la población civil” son las metas sustentables que se esperan con esta especie de tregua.

Entonces, la primera gran prueba para el acuerdo de Tibú  es el 29 de octubre cuando los colombianos vayan a votar por gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, cuando se  espera que ni los bombazos ni las balas ni los desplazamientos o confinamientos entorpezcan este derecho democrático.

En este caso concreto, en las principales zonas de influencia como  lo son Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Guaviare, Norte de Santander y sur de Bolívar, se presume  desde ya que no tendría que haber ninguna clase de hostigamiento por parte de los miembros del EMC ni contra los electores, los miembros de la Registraduría o los candidatos, porque les corresponde acatar aquello de  evitar afectaciones a la población civil.

Dentro de las pautas para las Fuerzas Militares en su accionar dentro del cese el fuego, “se reitera que actuarán en una situación de flagrancia, de violación de Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

En ese sentido, al advertir sobre acciones de las disidencias “que vulneren los derechos y libertades de la población civil”, los uniformados deberán “actuar, informar inmediatamente al escalón superior e interponer las denuncias ante la autoridad competente”.

Luego de todo lo que se vivió en Tibú durante las dos reuniones para llegar a esta fase y acontecimientos como los ataques a  la Brigada 30, el helicóptero presidencial y el aeropuerto Camilo Daza, la comunidad  esperaría que dicha organización tenga ese gesto y cumplan lo prometido.

Pese a lo anterior, no hay que pasar por alto la advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre las conductas que vulneran la tranquilidad para las elecciones, que entre agosto y septiembre tuvieron los siguientes registros en  zonas de riesgo extremo.

Ahí están Norte de Santander, con 20; Arauca, 15; Nariño, 12, y Bolívar, nueve. Les siguen Cauca, con tres; Antioquia, tres; Guaviare, tres; Huila, tres; Valle del Cauca, tres; Chocó, dos, y Putumayo, uno.

Para el caso del departamento, cerca de 11.000 soldados fueron dispuestos para acompañar el proceso electoral en 38 municipios, los cuales comenzaron a movilizarse desde Cúcuta, Tibú, Ocaña y El Tarra hacia las diferentes localidades en donde estarán custodiando un total de 236 puestos de votación.

Pese a ese movimiento de tropas, por ejemplo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que  “en el seguimiento a la Alerta Electoral, encontramos que hay una respuesta estatal reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, tampoco en acciones preventivas”.