El negocio del voto se maneja de diversas formas en el país. Bien sea por el hombre del maletín o de la mochila, dependiendo la región. Los ofrecimientos ya no de $50.000 sino de $100.00 o $150.0000. O de pagarles los recibos de los servicios públicos. Llevarles mercados. El condicionamiento de ser beneficiario de los programas sociales del Estado y el intercambio por contratos en alcaldías y gobernaciones.

En cada justa electoral surgen las denominadas denuncias sobre las irregularidades contra el voto libre, que lastimeramente quedan en eso, en advertencias, titulares a grandes caracteres en la prensa y escándalos en las redes sociales, pero finalmente no ocurre nada.

Las elecciones pasan y después vienen los arrepentimientos, porque finalmente los que se dejaron llevar por la hayaca, la gaseosa y el billete, las tejas y el bulto de cemento, han quedado sin derecho de reaccionar, puesto que al ‘vender su conciencia’ también terminan cargando con cierta responsabilidad.

Hoy estamos en las mismas circunstancias, con muchas afirmaciones de que este fenómeno arraigado en la política colombiana y que es manejado por sectores que mueven miles de millones de pesos para torcer la voluntad democrática mediante esta práctica.

Lo único cierto es que nadie le teme a lo que el ordenamiento jurídico colombiano señala contra los negociantes de votos. La compra venta es penalizada con condenas de cárcel entre los cuatro y nueve años y multa. También irán a prisión por el mismo tiempo señalado aquellos que celebren contratos también con el propósito de ayudar a determinado candidato o partido político.

Lo anterior es muy sonoro al oído, pero en últimas se ha quedado convertido en una norma inane que muy poco se aplica, sirve más como adorno para estos debates democráticos, pero no cumplen la misión real de contener los delitos electorales.

Ahora acaba de aparecer la alternativa de la recompensa como una nueva estrategia de las autoridades contra los mercaderes de la democracia.

Ojalá lo anunciado por el Ministerio del Interior y luego ordenado por el presidente Gustavo Petro de pagar por la información que permita llegar hasta los compradores y sus estructuras funcione.

Entre un millón y cinco millones de pesos serían entregados a los ciudadanos que denuncien y sustenten la ocurrencia de este delito contra el sufragio.

Un elemento adicional que el Gobierno Nacional dejó activado para este debate electoral regional, es que igualmente a los informantes se les daría hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional.

¿Funcionará? Hay que hacer fuerza para que al menos esto pueda servir de notificación a quienes están acostumbrados a utilizar dicha estratagema contra la democracia municipal.

¿Será lo mejor? Lógicamente no. Porque la cultura ciudadana tiene que dar un vuelco y la clase política admitir que se tienen que hacer cambios profundos en la legislación para que en el otro extremo de la balanza la ley sea contundente e intransigente con quienes cometan delitos electorales en el país.

Iremos a las urnas el próximo domingo con ese estigma de aquellos que se aprovechan de las debilidades del sistema y de la indolencia para hacer de las suyas en estos procesos en que el ciudadano cumple su sagrado derecho al voto. Ojalá se puedan derrotar y que muchos de ellos sean descubiertos y paguen por este desafío, mientras logramos el consenso para fortalecer las normas contra esta clase de desafueros.

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