Las corporaciones autónomas regionales o también llamadas autoridades ambientales son por estos días motivo de especial atención porque se avecinan las elecciones de sus directores para los próximos cuatro años.
Para el caso de Corponor, por ejemplo, se presentaron 25 aspirantes para ser el reemplazo de Gregorio Angarita Lamk, abultado número que es probable disminuya cuando se haga público el listado final de postulantes.
En plena campaña electoral para los comicios regionales, las elecciones de los 33 nuevos directores de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible tendrán lugar el 26 de octubre.
En el caso de Corponor, que maneja un presupuesto de $39.000 millones, podría llegar a verse una puja entre la clase política tradicional regional y el gobierno del presidente Gustavo Petro, si este decide incidir en esta escogencia por parte de los miembros del consejo directivo.
De ese organismo que tendrá a cargo ese importante procedimiento, hacen parte el gobernador Silvano Serrano, quien lo preside, al igual que los alcaldes de Cácota, Carlos Augusto Flórez Peña; Álvaro Ureña Gómez, de Santiago; Wilmer Alexander Rodríguez, de Ragonvalia, y Samir Casadiego, de Ocaña, además de los representantes del presidente, de los indígenas y del sector productivo.
En un reciente trabajo periodístico, la agencia Colprensa expuso lo siguiente: Pero, ¿qué son las corporaciones regionales que tanto le interesan al presidente y sus amigos? Son las que tienen a su cargo la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
E indudablemente la clase política debe tener el ojo puesto en esas corporaciones, así el 90 por ciento del tiempo lo absorba la campaña con miras las elecciones regionales del 29 de octubre.
Un par de razones son suficientes para indicar que las CAR despiertan un gran apetito entre los políticos: un presupuesto que entre las 33 corporaciones podría superar los $16 billones en el periodo 2024-2027, el fortín burocrático y el manejo de todo lo relacionado con licencias ambientales para obras y proyectos, entre otros.
Luego, sin duda, que ahí ya se abre un frente de batalla en el que las comunidades y los sectores sociales tendrán la ocasión de hacer veedurías mediante la participación ciudadana que ofrece el Acuerdo de Escazú.
Será bueno escudriñar en todas las hojas de vida, los trasfondos de los vínculos con el poder para sacar a flote quiénes están detrás de los candidatos y quiénes son sus aliados, si hay cartas marcadas para jugar a favor de alguno de los aspirantes y de qué manera Petro moverá los alfiles para meterse en esa pelea.
Para el departamento, lo importante es que quien llegue a manejar la corporación esté apegado a los principios constitucionales en defensa de las mayorías para que el desarrollo, en todos sus órdenes, fluya, pero sin arrasar ni destruir la vida, sino que sea sostenible y acorde con la preservación del medioambiente y bien lejos de la peligrosa e infecciosa corrupción.
Las corporaciones autónomas regionales no se pueden ver simplemente como un fortín político porque de ellas depende, que la naturaleza, el agua y los bosques subsistan.
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