De nuevo queda en el foco informativo el Cementerio Central de Cúcuta, puesto que luego de ser catalogado como de interés forense, habrá una suspensión parcial de las actividades porque se inició la búsqueda de personas dadas por desaparecidas por el conflicto armado y cuyos restos sin identificar se presume que se encuentran allí.

Asistimos de esta manera a otro de los pasajes de la historia de violencia que en esta ocasión pretende cerrar un ciclo doloroso, como es el de encontrar esos restos, identificarlos, servir de prueba dentro de los expedientes por desaparición forzada y asesinato, y luego permitirles a sus familiares que los sepulten.

Que el camposanto cucuteño se encuentre cobijado por una medida cautelar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nos está recordando la importancia estratégica que han tenido el departamento y la ciudad para los diferentes actores armados dentro de esta guerra sin fin.

Por lo menos 877 personas que como víctimas su rastro se ha perdido por razones relacionadas con las operaciones de las guerrillas y los paramilitares hacen parte del plan para encontrarlas por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y que se presume se encuentran sepultadas en ese lugar.

Se ha precisado que  los cadáveres que están buscando son los que fueron sepultados hasta el 1 de diciembre de 2016, tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc.

Además, resulta que por efectos de las dinámicas de reclutamiento forzado y de enlistamiento de personas a la subversión o los paramilitares o sus grupos emergentes, muchos llegaron de otras regiones del país, como por ejemplo de la zona sur, del Magdalena Medio, de Urabá y de la Costa Caribe, y como de muchos de ellos no se volvió a saber nada, también es posible que estén sepultados aquí.

En el tradicional cementerio de Cúcuta, la Unidad de Búsqueda ya tiene identificados 22 sitios de interés forense. “Entonces, hay de todo en una casita, en una fosa o en una bóveda, tenemos de todos los tipos de almacenamiento y es lo que nos preocupa ahora”, fue lo expuesto por el antropólogo Carlos Andrés Ariza Castillo.

Todo lo que se haga para arrojar luces en torno a esos pasajes oscuros del conflicto, en especial la desaparición de víctimas, ayudará por una parte a la justicia transicional a tener elementos de juicio concreto contra los perpetradores y a mostrar al mundo y al país la generalización en la utilización de este método.

Lo anterior, porque de acuerdo con las cifras que maneja la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Norte de Santander se tiene un reporte de 3.876 personas que están desaparecidas y de ellas 2.421 corresponden al Catatumbo y 1.144 al área metropolitana y la frontera con Venezuela.

Entre tanto, el Registro Único de Víctimas indica que en Colombia la desaparición forzada ha cobrado 151.521 víctimas directas y 35.296 indirectas, siendo considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una violación de alta gravedad.

Estas opciones, aparte de ayudar a aminorar el dolor, también debieran servir para alertar sobre la urgencia de entender en nuestra sociedad  que las diferencias no se solucionan con la lucha  armada entre hermanos y que no hay que desistir por alcanzar la convivencia pacífica.

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