No será muy bueno el panorama que se registra por estas calles cucuteñas y metropolitanas que hubo necesidad de convocar a un Comité Interinstitucional de Seguridad Vial, porque la accidentalidad sigue transitando a alta velocidad.

Así como es de complejo y delicado el asunto de la agobiante inseguridad y sus efectos contra el derecho a la vida, también se advierte que las muertes bajo ruedas y los percances viales arrastran por sí mismos un problema que merece mucha atención.

Las informaciones difundidas por medios de comunicación y redes sociales sirven para elaborar una radiografía sobre la siniestralidad en diversos sectores de Norte de Santander, que se ha vuelto un asunto de salud pública, que congestiona los servicios hospitalarios y que tiene en sus entrañas asuntos que se relacionan directamente con el propio comportamiento ciudadano.

Muchos indicadores se pueden utilizar para confirmar que estamos ante un problema complejo, como es el hecho de que Cúcuta ocupe el primer lugar entre los municipios metropolitanos en esa ‘competencia’, al registrar en siete meses del presente año un total de 281 accidentes  en las calles que han dejado 45 muertos y 458 lesionados.

Hay que dejar de lado la consideración que siempre se escucha: esas cifras son inferiores a las de otros años. Es que ahí no radica la solución, puesto que detrás de esas 45 personas que fallecieron hay unas historias y proyectos de vida frustrados y unas familias que perdieron de manera traumática a seres queridos.

Y qué decir de las 458 personas heridas, porque esos choques entre motos y carros o el arrollamiento de peatones y ciclistas, dejan a muchos con graves lesiones para siempre que les impiden seguir trabajando o que los llevan a permanecer en cama o en una silla de ruedas, por ejemplo.

El exceso de velocidad es uno de los principales riesgos de los actores viales en la vía, y de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial hace parte de las causas más comunes asociadas a la siniestralidad, reconoció recientemente la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

 Pensando en eso, recientemente el Ministerio del Transporte estableció nuevas velocidades para transitar por las carreteras, por las calles y por áreas escolares, entre otros, precisamente para intentar disminuir ese mal que hoy afecta al departamento como es la de la accidentalidad, en donde los más involucrados y afectados son los motociclistas.

Entonces, aquí entra la discusión de si con decisiones emitidas en resoluciones se puede llevar a que los conductores cambien ese ‘chip’ de ir raudos con el acelerador a fondo de su carro o moto sin mirar para ninguna parte y no teniendo en cuenta que  se deben respetar a los transeúntes y a los demás usuarios de las vías nacionales.

Tendrán entonces las autoridades municipales de tránsito -no las de este gobierno sino las entrantes- quienes deberán hacer un cambio extremo en su manera de manejar la política en ese campo y darle prioridad a la educación, la prevención y, lógicamente, tener operaciones alternas para castigar a quienes persisten en continuar haciendo de las callas unas pistas de carreras de autos y motos.

 Pero al lado de esto hay que hacerse planes dirigidos específicamente para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, para que cada uno cambie su manera de comportamiento en las vías.

Si no hay un cambio radical educativo en el frente del tránsito, nada se logrará porque las multas y sanciones no han servido de nada, porque los borrachos siguen manejando y todos violan las más mínimas señales y reglas de tránsito, llevando a que los riesgos aparezcan en cada cruce, andén o calle.

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