El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo debate económico al proponer que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) deje de venderse como un producto del sector asegurador y pase a funcionar como un impuesto que se administre directamente por el Estado.

La iniciativa fue expuesta por el Ejecutivo en su alocución del pasado 23 de diciembre, en medio de la discusión sobre la situación fiscal del país.

Según señaló el mandatario, el objetivo principal del cambio sería corregir lo que se considera como una inequidad estructural del modelo actual.

Actualmente, las tarifas del SOAT se determinan principalmente por el nivel de siniestralidad y riesgo, lo que ha originado que las motocicletas sean quienes pagan las cifras más altas, al ser el segmento con mayor número de accidentes de tránsito.

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La iniciativa del presidente introduce un criterio de cobro progresivo, en el que el valor del seguro variará según el tipo, tamaño y el precio del vehículo.

De acuerdo con Petro las motos y los vehículos de bajo cilindraje pagarían menos, mientras que los carros de mayor capacidad deberán asumir un aporte mayor.

“Yo quiero que el SOAT sea un impuesto, y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por SOAT y aumentan los cuatro puertas”, dijo el presidente al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El jefe de Estado asoció esta medida con la presión sobre las finanzas públicas, especialmente para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional con relación a la financiación del sistema de salud.

Según Petro, hay un faltante cercano a los $3,3 billones, recursos para los que no existe una fuente de financiación en la actualidad.

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Actualmente, el SOAT es un seguro amparado por la ley y vigilado por la Superintendencia Financiera, cuyo propósito es garantizar la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, incluidos peatones y pasajeros.

Cuando un vehículo no cuenta con póliza vigente, los gastos son cubiertos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El cambio daría paso a una transformación profunda del modelo que se ha venido manejando, tanto en su recaudo como en la administración, y crearía un debate entre el Estado y el sector asegurador, la redistribución de cargas tributarias y el impacto fiscal de la medida.

Hasta el momento la iniciativa se mantiene como propuesta, pero prevé una discusión con un impacto económico y político alto, en un contexto de restricciones en el presupuesto y reformas estructurales.

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