La palabra emergencia volvió a sacudir el tablero económico del país. En medio de advertencias sobre desfinanciación, tensiones con los gremios y un calendario fiscal contra el reloj, el Gobierno nacional activó una herramienta excepcional para asegurar recursos y sostener el funcionamiento del Estado.

La decisión no solo reabre el debate sobre quién debe pagar más impuestos en Colombia, sino que pone en el centro de la discusión el impacto real de estas medidas en empresas, hogares y sectores clave de la economía.

La declaratoria de emergencia económica

El Gobierno de Colombia declaró el viernes 19 de diciembre de 2025 una emergencia económica con la que busca implementar nuevos impuestos para recaudar cerca de 16 billones de pesos y cubrir el déficit fiscal del país.

La medida tiene como objetivo garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de que el Congreso archivara la última ley de financiamiento.

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Fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que el decreto de emergencia fue firmado por el gabinete y radicado oficialmente. En una rueda de prensa del 19 de diciembre de 2025, el funcionario aseguró que las nuevas disposiciones fiscales se enfocarán en impuestos a los denominados “megarricos” y en evitar cargas adicionales para la clase media.

Desde el Ministerio de Hacienda se advirtió que la falta de recursos podría poner en riesgo programas sociales y compromisos estatales si no se adoptan medidas inmediatas.

Qué permite la emergencia económica

Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la emergencia económica faculta al Ejecutivo para legislar por decreto de manera temporal. Sin embargo, las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que verificará su validez y la correspondencia con la situación que motivó la declaratoria.

El presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social este lunes 22 de diciembre. La medida rige en todo el territorio nacional y tendrá una vigencia inicial de 30 días, periodo durante el cual el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley.

Los ajustes y los nuevos impuestos en estudio

De acuerdo con un documento preliminar citado por El Colombiano, el primer ajuste evaluado consistía en aumentar el gravamen a los movimientos financieros del 4×1.000 al 5×1.000. No obstante, posteriormente el ministro de Hacienda desmintió esa posibilidad.

Además, el documento analiza la creación de nuevos impuestos al consumo de licor, vinos, cigarrillos y dispositivos electrónicos de tabaco, así como la ampliación de la base de personas naturales y jurídicas sujetas al impuesto al patrimonio.

El texto establece que el hecho generador para este tributo abarcaría patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, calculados con base en el patrimonio líquido.

IVA a apuestas y juegos de azar en línea

El paquete de medidas también incluye un IVA del 19 % para apuestas y juegos de azar en línea, independientemente de si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior.

Los depósitos realizados por usuarios a operadores de apuestas quedarían gravados, con el objetivo de equiparar el régimen tributario de la industria digital con el de otros sectores de servicios.

Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal

Otra de las propuestas es la creación de un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal, que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón.

Este impuesto tendría una tarifa del 1 % sobre el valor de la venta o el valor FOB y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

El 4×1.000 no subirá, según Hacienda

Uno de los mayores rumores tras la declaratoria fue el posible aumento del 4×1.000. El ministro Germán Ávila fue enfático en desmentir esa versión durante una entrevista con La W.

“Reitero que no está considerado establecer impuestos del 5×1.000”, afirmó el funcionario, buscando calmar a los usuarios del sistema financiero.

Impuesto al patrimonio: la principal apuesta

El Gobierno propone subir la tarifa del impuesto al patrimonio, una medida que afectaría a los mayores patrimonios del país. Actualmente, este tributo tiene tarifas que van del 0,5 % al 1,5 %.

Con la Emergencia Económica, el Ejecutivo plantea un modelo progresivo. La base parte de patrimonios superiores a 3.600 millones de pesos. Los patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones pagarían el 1 %.

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Los de 6.000 a 12.000 millones, el 2 %. Quienes tengan entre 12.000 y 100.000 millones asumirían el 3 %, mientras que los superiores a 100.000 millones pagarían hasta el 5 %.

El ministro explicó que el objetivo es mayor equidad y que aporten más quienes tienen más.

Sobretasa al sector financiero

Otra medida clave es la sobretasa al impuesto de renta de los bancos y entidades financieras. Hoy existe una sobretasa de cinco puntos, pero la propuesta contempla adicionar diez puntos más, lo que elevaría la carga total al 15 %.

Según el Gobierno, este ajuste permitiría equilibrar las cargas y aumentar el recaudo. Sin embargo, se advierte que, en la práctica, este impuesto podría trasladarse a empresas y personas naturales a través de créditos más costosos.

Impacto en empresas y hogares

Para las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, una mayor carga al sector financiero podría traducirse en menor acceso a crédito, tasas más altas y dificultades para ampliar operaciones.

En los hogares, el impacto se reflejaría en préstamos más caros, hipotecas, créditos de consumo y financiación de vehículos, lo que podría reducir la capacidad de gasto y afectar el consumo.

Asobares rechaza el aumento de impuestos al licor

No todos los sectores respaldan la medida. La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) manifestó su rechazo a la posible alza de impuestos al licor. En un comunicado, el gremio señaló que la iniciativa representaría un nuevo golpe para el comercio formal, la economía nocturna y el empleo en bares, discotecas, gastrobares y restaurantes.

Asobares afirmó que el sector aún enfrenta los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento de costos laborales, arriendos altos e impuestos territoriales. Según la agremiación, una nueva carga impositiva sobre los licores sería regresiva y desconectada de la realidad económica.

“Desde Asobares advertimos que elevar los impuestos al licor (...) históricamente ha demostrado generar efectos contrarios: caída en las ventas legales, fortalecimiento del contrabando y la adulteración, afectación directa al comercio formal y pérdida de miles de empleos, especialmente jóvenes (28 %) y mujeres (54 %) que dependen de la economía nocturna que ocupa hoy cerca de 1.680.000 millones de empleos directos e indirectos”, aseguraron.

Críticas de otros gremios

Las reacciones no se limitaron a Asobares. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que el decreto no cumple con los requisitos del artículo 215 de la Constitución y que presenta como emergencia problemas estructurales y previsibles.

Desde el sector minero-energético, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que estas nuevas cargas llegan en un momento de debilidad y podrían convertirse en un golpe definitivo para la actividad. Juan Pablo Valenzuela, de Asobares, insistió en que las decisiones encarecen la cadena de abastecimiento y afectan la formalización del sector del entretenimiento.

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Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, sostuvo que los hogares colombianos ya no tienen margen para soportar más impuestos y cuestionó el manejo del presupuesto público.

La Corte Constitucional entra en escena

Mientras avanza el debate, la Corte Constitucional sostuvo una reunión informal y virtual para definir a qué magistrado le corresponderá estudiar el decreto de emergencia económica. También se analiza la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias en sala plena para decidir si la medida se mantiene o se cae.

El futuro de los nuevos impuestos y su impacto real en la economía colombiana dependerá de ese examen constitucional. Por ahora, la emergencia económica abrió un escenario de incertidumbre para empresas y ciudadanos, en el que el país espera conocer el alcance final de las decisiones que marcarán el rumbo fiscal de los próximos meses.

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