En el campo colombiano, casi nueve de diez trabajadores están en la informalidad, por lo que no gozan de seguridad social ni de prestaciones. Es por esto que el Gobierno radicó ante la Cámara de Representantes y el Senado el proyecto de ley 504 de 2025 o Contrato y Jornal Agropecuario, con el cual se busca reglamentar las relaciones laborales en ese sector.
Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pretende cumplir la reforma laboral y “pagar una deuda de justicia histórica con los campesinos y trabajadores rurales del país”.
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Para la administración Petro, la necesidad de esta ley parte de la alta población informal en las actividades agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, en donde de los 3.4 millones de empleados solo 478.000 son formales, es decir, 2.9 millones (85%) carecen de un contrato legal, a corte de octubre pasado, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
¿Qué se propone?
- Reglamentar el contrato y el jornal agropecuario en las actividades de producción y transformación agraria primaria, estacionales o transitorias y promover.
- Hacer constar por escrito ese contrato e indicar sus periodicidad, estimación del factor prestacional y remuneración en dinero y en especie, si aplica.
- Establecer que el jornal no sea inferior al salario mínimo diario legal vigente ($47.450 en 2025) e incluir un factor prestacional no inferior al 30% ($14.235) de esa remuneración.
- Establecer el pago de horas extras o trabajo suplementario.
- Prohibir la intermediación laboral.
- Reconocer la seguridad social y la protección de trabajadores y familias del agro.
Empujaría la informalidad
El docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria), Francisco Javier Lara Sabogal, dijo a La Opinión que la iniciativa legislativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva: la permanente tensión entre el Derecho Laboral y la economía del campo.
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“Desde una perspectiva jurídica, los objetivos del proyecto son incuestionables. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, la obligación del Estado de promover la formalización del empleo rural y la necesidad de garantizar trabajo digno y justo en el agro no admiten debate”, explicó el doctor Lara.
El experto añadió que la propuesta ayudaría a cerrar brechas históricas, evitar la precarización del trabajo rural y reconocer que el empleado del campo tiene los mismos derechos que cualquier otro. Sin embargo, hay que preguntarse si esta iniciativa es aplicable en la diversidad del agro.
Francisco Lara sostuvo que, cuando quien asume el costo del jornal es una gran productora o una agroindustria, ese mayor valor puede amortizarse dentro de una estructura de costos más robusta, con acceso a financiamiento, economías de escala y mayor capacidad de trasladar el costo al precio final del producto.
No obstante, según Lara, la situación es muy distinta cuando la carga recae sobre pequeños productores o parcelas campesinas. En estos casos, imponer un jornal con altos costos prestacionales puede resultar inviable, empujando paradójicamente a la informalidad que el proyecto pretende combatir.
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El docente manifestó que el riesgo es que, ante la imposibilidad de asumir esos costos, muchos productores opten por no contratar, reducir la mano de obra o mantener relaciones informales, lo cual profundizará la brecha entre la norma y la realidad.
Finalmente, el educador expresó que la contratación de jornaleros es cada vez más excepcional, porque el sector se estructura principalmente sobre dos pilares: la agricultura familiar, donde el trabajo lo aporta el propio hogar, y modelos contractuales que, al menos en teoría, no son laborales, como los contratos en cuentas en participación o los modelos integradores.
Estos esquemas han surgido precisamente como respuesta a las limitaciones económicas y a la rigidez del marco laboral tradicional.
En conclusión, Lara recalcó que sin medidas diferenciadas, apoyos productivos o esquemas flexibles para pequeños productores, existe el riesgo de que una norma pensada para dignificar el trabajo rural termine excluyendo a quienes no tienen cómo cumplirla.
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