De aprobarse el proyecto de ley minera, radicado hace 20 días en el Congreso por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el impacto en Norte de Santander sería grave, porque es uno de los principales renglones de su economía y aporta más del 80% de las regalías.

La gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), Margarita Contreras, informó a La Opinión que elevaron al Minminas un documento con sus observaciones a la iniciativa legislativa.

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Contreras expresó que el análisis desarrollado por el gremio concluyó que el proyecto no considera ni la promoción ni el fomento de esta actividad económica, sino su terminación y cierre de operaciones en muchas zonas del país con prospectiva.

El texto, según la gerente de Asocarbonor, propone un modelo distinto que no es compatible con las leyes y reglamentos existentes ni con las prácticas industriales y comerciales en el país. Explicó que lo que señalan como propósito de hacer un ordenamiento minero, ambiental y social, resulta en la exclusión de la minería. Esto se suma a la eliminación de su condición de utilidad pública, lo que hará que la ejecución de esta actividad sea casi imposible.

“Con las regalías que aporta el sector se construyen colegios, hospitales y vías. Además, el carbón que usa Termotasajero –para la generación de energía- es térmico; y el artículo 23 de la propuesta propone prohibir la explotación de este tipo de carbón. El impacto negativo sería contundente, porque son más de 70.000 familias y más de 30.000 empleos directos que dependen de la minería”, afirmó.

Textualmente, en ese artículo, el documento se refiere a una transición en la industria carbonera. Por eso, con el objetivo de avanzar en las metas de descarbonización, la autoridad minera no adjudicará nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico. Lo anterior no irá en perjuicio de los títulos o contratos suscritos con anterioridad.

La vocera de los carboneros manifestó que les preocupa que la eventual ley no promueve un plan de transición, principalmente, en lo que respecta a la dinámica laboral; el Gobierno no tuvo en cuenta las recomendaciones que los distintos gremios, entre ellos Asocarbonor, le han hecho desde el punto de vista técnico y jurídico.

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“Norte de Santander ya sabe hacer una transición y ejemplo de ello es que, cuando desaparecieron los pimpineros, la reconversión laboral fue muy costosa. Esto podría pasar, en caso de que se apruebe tal y como fue propuesta la norma”, agregó Margarita Contreras.

Añadió que también los alarman la falta de seguridad jurídica y que se hable de la generación de condiciones de incompatibilidad de la minería con otras actividades en el territorio, partiendo de una premisa falsa: que la minería sólo causa conflictos socioambientales y no aporta.

Modelo estatal que promueve la ilegalidad

Margarita Contreras indicó que el proyecto del Gobierno promueve el monopolio estatal, prohibiendo que los privados participen del negocio jurídico, en especial de los minerales importantes o estratégicos.

“Hay una grave afectación de la seguridad jurídica, tanto para la inversión actual como para la eventual y futura”, apuntó la gerente de Asocarbonor.

Enfatizó que el departamento es uno de los principales productores de carbón térmico y siderúrgico, con una industria de larga tradición. “Prohibir la exploración y explotación del carbón y su comercialización llevará al cierre de las unidades productivas existentes que son legales. Seguramente proliferará la extracción ilegal”.

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En este mismo punto concuerda el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, quien afirmó que el proyecto establece un modelo estatizado y centralista, que limita de manera significativa la libertad de empresa.

“De expedirse, el sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes, pues, no habrá desarrollo minero empresarial, dejando a los territorios expuestos a la explotación ilícita de minerales, en manos de organizaciones criminales, con las consecuencias sociales y ambientales que esto acarrea”, agregó.

Nariño sostuvo que un proyecto de tal magnitud requiere que el Congreso evalúe detenidamente los impactos que podría generar en la industria, para el futuro del país y de las regiones.

Ambos representantes de los carboneros indicaron que la propuesta de ley no es minera, sino antiminera, porque no promueve el crecimiento del sector, al contrario, busca debilitarlo. Por esos, creen necesaria una política minera moderna, equilibrada, y sostenible, que impulse esa actividad como una aliada de la inversión social en el territorio, de la seguridad energética y de la reindustrialización del país.

Acciones de Asocarbonor

Margarita Contreras destacó que ha venido desarrollando un trabajo ante los congresistas de la región y del país, entre ellos Alejandro Carlos Chacón y Édgar Díaz, para comunicarles las afectaciones graves que puede traer esa ley para el desarrollo económico y crecimiento de las regiones mineras como de Norte de Santander.

Igualmente, dijo que han mantenido conversaciones sobre esta situación con otras organizaciones empresariales, entre ellas las Federaciones de Productores de Carbón y Coque de Boyacá (Dedecarboy) y de Cundinamarca (Fedecundi) y la nacional Fenalcarbón; con esta última comparten una visión en el trabajo legislativo y comunicativo a desarrollar.

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