Otra vez tambalean las relaciones diplomáticas ente Colombia y Estados Unidos, y con ello las relaciones económicas, tras los anuncios de la administración de Donald Trump de quitar toda ayuda a Colombia e imponer más aranceles, incluso sanciones, por no actuar contundentemente contra el narcotráfico.

Ayer, el director del Consejo Económico Nacional del Capitolio de Estados Unidos, Kevin Hassett, informó que el país aún no ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, los gremios empresariales del país están a la expectativa, pues, desde el pasado abril ese país le impuso un arancel del 10% a los productos colombianos.

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El presidente del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, explicó que, de aprobarse más gravámenes a las importaciones que haga EE. UU. desde Colombia, los efectos dependerían mucho del cómo se haga, porque habría que ver qué tipo de productos y a qué tasas quedarían gravados.

“Hemos hecho algunos ejercicios con es escenarios de aranceles, por ejemplo, a 25% a todos los productos y se tendría una disminución del comercio muy importante, con una pérdida de ingresos de más de 3.000 millones de dólares para Colombia, así como una caída del PIB (Producto Interno Bruto) de más de un punto porcentual, en las cifras de inversión y también un baja importante en el empleo”, explicó López.

El economista destacó a La Opinión que se tratan de estimaciones de un escenario extremo, en el que se grave, incluso, el petróleo, el cual ha quedado excluido, no solo actualmente en la política comercial de Estados Unidos frente a Colombia, sino en otros casos. 

“Esto puede ser una primera guía de un panorama retador. Una tarifa de 25% no sería tampoco tan alta dado que hemos visto aranceles de 50% a India o Brasil”, puntualizó. 

José Ignacio López aclaró que la decisión de Donald Trump no viola tratados comerciales, porque acude a facultades especiales bajo los argumentos de seguridad. 

El director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, Sebastián Chacón Marín, sostuvo que más aranceles afectarán la productividad y a los exportadores colombianos, teniendo en cuenta que es el principal socio comercial, con cerca del 30% de participación de la oferta exportadora.

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La balanza comercial

De acuerdo con ANIF, la balanza comercial entre ambas naciones es superavitaria ligeramente para Estados Unidos, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, que gravita entre los US$14.000 y US$15.000 millones.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el primer semestre de 2025, EE. UU. se posicionó como el segundo país desde donde más importó Colombia, con una aumento de 3,1% en las operaciones, respecto al mismo período de 2024, y un valor de US$8.252,2 millones, por lo que tuvo una participación de 24,6% en las compras externas.

China se mantuvo en el primer lugar, con una participación de 26,2%. Las importaciones sumaron US$8.787,4 millones y una variación positiva de 25,4%.

En cuanto a las exportaciones, EE. UU. se mantiene como el principal mercado, con un crecimiento del 7,5%, al sumar US$7.405,8 millones. Según Analdex, este destino representa el 30,4% de las ventas externas del país. Los principales productos comercializados son el aceite crudo de petróleo, cafés sin tostar y flores y capullos, que representan 49,5%. Así, el comercio binacional con el país norteamericano alcanzó los US$15.658 millones.

El experto Sebastián Chacón sostuvo que ha habido un incremento de 25% en las exportaciones no minero energéticas, en lo ocurrido del año. Por ejemplo, la venta de café llegó a US$1170 millones, con un aumento cercano al 80%, con respecto al primer semestre de 2024.

“Son considerables los aumentos en flores y capullos frescos, con US$745 millones; del banano, que sumó US$133 millones; y del aguacate Hass, con US$88 millones. También vale la pena resaltar la industria de puertas y ventanas y estructuras de aluminio, que alcanzó una cifra récord de US$353 millones en lo corrido del año. Todo esto podría verse afectado”, recalcó Chacón. 

El docente en Negocios y Desarrollo Internacional añadió que toca esperar a ver cuál será el resultado, si será un arancel generalizado o por sectores económicos, lo cual afectaría la balanza comercial colombiana e incidir sobre la tasa de cambio y, por ende, en “el bolsillo de los colombianos”, por los incrementos en el precio final de los productos.

Más allá del comercio

El presidente de ANIF, José Ignacio López afirmó que las sanciones económicas de EE. UU. serían los nuevos aranceles y que, “por ahora, hablar de Colombia como otra Venezuela no tiene mucho sentido, porque todavía son dos países que tienen una gran relación”.

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“Estados Unidos está cuestionando la política de la lucha contra el narcotráfico, pero no, por ejemplo, la democracia en Colombia, que ya sería lo que pasó con Venezuela”, concluyó el economista.

Para la internacionalista María Eugenia Vega, docente del Politécnico Grancolombiano, uno de los aspectos más críticos que puede verse afectado es la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, un ámbito fundamental para la estabilidad y calidad de vida de los colombianos.

La experta manifestó que, en términos de calidad de vida, debilitar esta cooperación impacta directamente en las zonas más afectadas por el conflicto y la criminalidad, como Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, donde la presencia del Estado es clave para garantizar derechos básicos. 

“Esta cooperación va más allá de un apoyo financiero: implica intercambio de inteligencia, ayuda logística y operativa y el fortalecimiento institucional, que permiten a Colombia enfrentar las estructuras delictivas. Su reducción o eliminación compromete la capacidad del país para mantener la eficacia en operaciones contra el narcotráfico y aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia y el desorden social”, agregó Vega.

La disminución de recursos también puede afectar programas sociales que dependen de la estabilidad política y seguridad generada por esta alianza. En este sentido, la ruptura o debilitamiento de la relación bilateral representa un riesgo grave, que puede traducirse en un aumento de la inseguridad.

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“Es previsible que la administración Trump mantenga una línea dura, fundamentada en la defensa de intereses nacionales prioritarios, que traduce en medidas concretas que buscan presionar a Colombia para que ajuste su política interna, según sus parámetros de seguridad y migración. Sin embargo, también existe un margen para la negociación, si se observan avances concretos en cooperación en materia de narcotráfico y control migratorio”, apuntó.

María Eugenia Vega señaló que se pueden identificar tres escenarios futuros. Uno es el de la confrontación continuada, donde las políticas restrictivas de EE. UU. se mantienen, incluso se endurecen, lo que podría profundizar la crisis diplomática y limitar la cooperación en sectores clave. 

En segundo lugar, un escenario en el que prevalece la búsqueda de un equilibrio pragmático; es decir, la coexistencia de diferencias políticas con una cooperación funcional en aspectos que benefician a ambos Estados. 

Por último, una posible reorientación estratégica por parte de Colombia hacia una diversificación de sus relaciones internacionales, fortaleciendo vínculos con actores regionales y extrarregionales alternativos, como China, México o países de América Latina, buscando reducir su dependencia de Estados Unidos.

María Eugenia Vega dijo que la actuación del gobierno Petro evidencia un claro intento de redefinir los términos de la relación bilateral, privilegiando la autonomía y la defensa de intereses nacionales, a pesar de que esta estrategia implica costos diplomáticos y económicos inmediatos. 

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