El impuesto temporal al patrimonio a personas jurídicas con un patrimonio líquido igual o superior de 20.000 UVT ($10.474 millones en 2026) tiene en alerta a las instituciones de educación superior (IES) privadas, por el daño que puede ocasionar en el sostenimiento financiero.
El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), padre Harold Castilla Devoz, se refirió al Decreto 0173 del 26 de febrero de 2026, publicado por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, advirtiendo que gravar a las instituciones revela una “profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación”.
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El sacerdote señaló que el sistema mixto es un pilar del Estado social de derecho que no puede ser tratado como un bien transable. Para el líder académico, equiparar a las IES privadas con empresas comerciales desconoce que estas son entidades sin ánimo de lucro.
“Los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, subsidios educativos, tecnología y expansión territorial”, indicó.
El vicepresidente de la Ascun manifestó que la estabilidad de más de 1.2 millones de estudiantes matriculados en el sector dependen de estructuras financieras que operan con márgenes operativos estrechos.
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El también rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) expresó que esta institución tiene una vocación social, la cual lidera este impacto con una matrícula de más de 90.000 alumnos, atendiendo principalmente a estudiantes de ingresos bajos y medios en poblaciones de difícil acceso a la educación.
Castilla Devoz insistió que los activos de las universidades están al servicio de la calidad de todo el pueblo colombiano, por lo que “no es justo y es conceptualmente equivocado presentarlas como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social”.
El filósofo enfatizó que se está confundiendo ingresos con utilidades, ignorando que la educación no puede convertirse en una “variable de ajuste fiscal ni en un símbolo ideológico”.
De acuerdo con cálculos del Observatorio de la Universidad Colombiana, a partir del análisis de los estados financieros de las principales IES, se estima que el patrimonio conjunto del sector privado ronda los $27 billones, a diciembre de 2024, y sin considerar aproximadamente un 20% de IES privadas que no publica su información financiera.
Entonces, si se aplica la tarifa del 0,50% establecida en el decreto, el aporte del sector educativo a la emergencia nacional sería de aproximadamente $135.000 millones. Las diez universidades más afectadas serían Externado, Javeriana, Pontificia Bolivariana, Los Andes, de Medellín, Santiago de Cali, Santo Tomás, Libre, Católica de Colombia y EAFIT.
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IES, aliadas del Estado
El vicepresidente de la Ascun, padre Harold Castilla Devoz, destacó que el ecosistema de instituciones privadas ha sido aliada estructural del Estado en la regionalización de la educación superior donde la oferta pública es insuficiente.
Según Castilla, el impacto del impuesto no recae sobre supuestos dueños, sino en las familias. “La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades”, apuntó.
Finalmente, padre Harold Castilla Devoz instó a la transparencia y la rendición de cuentas, pero exigiendo que se respete la función social del sistema.
Dijo que la sostenibilidad del modelo depende de entender que la educación es un instrumento central de movilidad social; y que cualquier presión tributaria adicional sobre las IES privadas termina siendo una barrera para los estudiantes y familias colombianas en los territorios.
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