La crisis humanitaria en el Catatumbo, que llevó al Gobierno a decretar nuevos impuestos para financiar la atención de la emergencia, también terminó impactando las finanzas de Ecopetrol en 2025.
El año pasado, los gastos operacionales de la empresa crecieron 18,7%, lo que representó $1.7 billones más frente a 2024, y parte de esa situación se debió a la mayor carga tributaria, dado el Impuesto Especial para el Catatumbo (1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, aplicable en la primera venta o exportación) y el Impuesto de Timbre Nacional, que creó el Gobierno en el marco del Estado de Conmoción Interior para atender la crisis.
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De acuerdo con el presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, los tributos decretados por el Gobierno, con el fin de lograr recursos para atender la crisis en esa subregión de Norte de Santander, tuvieron un impacto de $1.1 billones.
Roa destacó que la carga tributaria también comprendió el IVA en la importación de combustibles, con $5.4 billones, agregando que el 93% de ese monto pasa contablemente en un registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como un saldo a favor de Ecopetrol que, al cierre del año pasado, por efectos de todos los impuestos pagados previamente, fue de $10.1 billones.
“La utilidad neta se ve impactada por la tasa representativa del mercado, la referencia Brent y la inflación. Además de ello, los nuevos impuestos que se han aprobado y que han sido incorporados en nuestros resultados afectan la utilidad neta”, afirmó Roa.
La utilidad neta de 2025 fue de $9 billones, es decir, una caída del 39,5% en comparación con los $14.9 billones de 2024.
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Ante el panorama descrito por Roa, el presidente de la Fundación XUA Energy, Julio César Vera, señaló a La Opinión que el tributo especial redujo en $1.5 billones las utilidades de la empresa.
“Un impuesto que nació como temporal, pero que este año —y sin pasar por el Congreso—, por efecto de la nueva emergencia económica decretada en Córdoba y Sucre, se vuelve a establecer, además del aumento al impuesto al patrimonio sobre el sector, lo cual igualmente impactará los resultados de la empresa”, agregó el experto.
Julio Vera manifestó que, sin lugar a dudas, lo que más afectó fueron los $5 billones que Ecopetrol tuvo que pagar a la DIAN por la interpretación en relación con el IVA a las importaciones de la gasolina.
Explicó que este tributo, aunque genera un 93% del mismo como saldo a favor de la empresa hacia el futuro, cercenó y redujo en gran medida las utilidades en 2025, en un año de precios bajos del petróleo y tasa de cambio apreciada.
“De no ser por estos dos efectos, las utilidades hubieran sido similares a las del año 2024, un año de mayores precios del petróleo y una mejor tasa de cambio”, subrayó.
El experto indicó que, desde la pandemia de COVID-19 (2020), no se veía un resultado tan bajo, el cual estuvo muy influenciado por la parálisis económica mundial, un escenario de precios muy bajos y muchas limitaciones en el desarrollo de actividades operativas en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
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“Una dinámica que ha ralentizado las actividades del sector por señales permanentes en contra de las operaciones, en especial del Gobierno, un recrudecimiento de los problemas de seguridad y mayor dificultad para la ejecución de labores en territorios claves como Meta, el Magdalena Medio y Casanare”, dijo Vera.
¿Qué deberá hacer el próximo gobierno?
El presidente que asuma el próximo 7 de agosto, en primer lugar, deberá volver a promover la asignación de áreas para la exploración y explotación, de tal forma que Ecopetrol pueda competir por explorar y fortalecer su portafolio de actividad y su negocio principal en petróleo y gas, sobre todo en este último energético, como lo están haciendo todas las petroleras del mundo.
“De igual forma, tiene que hacer que Ecopetrol pueda avanzar en la evaluación que tiene el país en materia de yacimientos no convencionales y que podrían cambiar en forma estructural y significativa las reservas y producción de petróleo y gas. Algo fundamental es garantizar y fortalecer el gobierno corporativo de la empresa, donde el equipo de trabajo responda a su capacidad técnica, económica, financiera y operativa y no a coyunturas políticas”, resaltó el presidente de XUA Energy.
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Vera indicó que, de la mano de una estricta coordinación con las autoridades ambientales, civiles, militares, marítimas, étnicas y energéticas, locales y regionales, se debe volcar el aparato estatal a sacar adelante los trámites ambientales de los proyectos que adelanta la empresa en gas offshore en Sirius y de energía eólica en La Guajira, además del portafolio en perforación exploratoria y de recobro secundario y mejorado.
Finalmente, añadió que no se debe seguir cargando a la empresa de tributos específicos y direccionados, que no solo limitan la generación de utilidades de la misma en contra de los intereses de todos sus accionistas —en especial de los cerca de 250.000 privados que tiene la empresa—, sino también su capacidad operativa y de gestión.
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