El crimen organizado no solo siembra el terror y asesina en Colombia, también representa un freno para el desarrollo económico, principalmente en aquellos territorios donde tienen su génesis las organizaciones delincuenciales.
El informe ‘La economía del crimen: un freno estructural’ desarrollado por Corficolombiana reveló que la violencia impone una pesada carga financiera al país, pues, se estima que, en 2022, su costo equivalió al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos en Latinoamérica.
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“Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en niveles de criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar, y por encima de economías como México, Paraguay o Ecuador”, apuntó el texto.
Además, las investigaciones señalan que un incremento del 10% en la tasa de homicidios puede llegar a reducir la actividad económica local en cerca de un 4%, mientras que una disminución drástica de la violencia podría catapultar el crecimiento.
Norte, entre lo más afectados
Los grupos criminales ejercen una afectación directa a los territorios más productivos. Corficolombiana destacó que el índice de Inseguridad Física Regional evidencia que los departamentos con mayores niveles de inseguridad no son los más pobres ni los más alejados, sino los más productivos.
“Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca concentran simultáneamente los niveles más elevados de inseguridad y una proporción sustancial de la actividad económica nacional”, agregó el estudio.
Solo Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Meta, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), generan más de la tercera parte del valor agregado del PIB, pero paralelamente concentran los mayores niveles de extorsión, homicidios e inseguridad, lo cual golpea a los sectores clave: agropecuario, manufacturero y minero.
Por otra parte, las rentas de las organizaciones criminales, que se nutren de la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, llevan a una competencia desleal y la distorsión del mercado formal. Las economías ilegales crean profundas distorsiones, al operar al margen de las obligaciones tributarias, regulatorias y ambientales.
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Evolución a empresas del crimen
El director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, dijo a La Opinión que las organizaciones criminales evolucionaron de estructuras asociadas principalmente a motivaciones ideológicas hacia un ecosistema fragmentado que opera bajo lógicas económicas, diversifica sus fuentes de ingreso y ejerce control territorial con fines de captura de rentas.
El economista explicó que las economías ilegales fortalecen y expanden a esos grupos y esta mayor capacidad territorial y operativa les permite ampliar más sus actividades ilícitas.
“Este deterioro también responde a una capacidad estatal insuficiente. Mientras los integrantes de grupos armados crecieron más de 300% desde 2017, el pie de fuerza aumentó apenas 7% entre 2022 y 2025. A esto se suma un entorno de alta impunidad: Colombia registra un puntaje de 37,7 en el Índice Global de Impunidad, superior al de países como Chile y Argentina”, precisó el economista.
Menos inversión empresarial
Una de las consecuencias graves es el desincentivo a la inversión de empresarios propios y extranjeros. De acuerdo con los investigadores de Corficolombiana, la expansión del control territorial y las extorsiones configuran un entorno donde abrir, operar e invertir en un negocio implica riesgos de seguridad y sobrecostos crecientes.
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Este panorama aleja la inversión, debilita la creación de empresas formales e impacta negativamente la eficiencia económica.
Igualmente, las acciones terroristas que se extienden a oleoductos y carreteras y los bloqueos en los corredores logísticos, escenarios frecuentes en territorios estratégicos como Arauca, Norte de Santander y Antioquia, reducen la competitividad y paralizan el comercio.
César Pabón destacó que este departamento presenta una situación crítica fuertemente marcada por el recrudecimiento de la violencia y el crimen organizado, especialmente en el Catatumbo, lo cual genera graves consecuencias, tanto económicas como humanitarias.
“Concentra dinámicas asociadas al narcotráfico, el contrabando, las economías ilegales y el control territorial de grupos armados, además de ataques contra infraestructura estratégica y corredores. Esto incrementa los riesgos operativos, eleva los costos de transporte y logística, reduce la capacidad de atraer inversión y termina desplazando actividades legales frente a las ilegales”, manifestó.
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El vocero de Corficolombiana sostuvo que Standard & Poor’s ha advertido que el deterioro del orden público afecta negativamente el perfil crediticio y el riesgo soberano del país. Por esto, la nación ocupa el segundo lugar mundial en crimen organizado y está dentro del top 10 global en terrorismo, su peor posición desde 2013.
La conclusión de esta realidad es que ganarle a la criminalidad exige tratar la seguridad como una condición habilitante del desarrollo, para lo cual es necesaria una estrategia integral que combine presencia territorial, intervención sobre las economías ilegales, protección de infraestructura, reforma judicial y articulación entre defensa y política económica.
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