Los grupos criminales tienen asediados a los empresarios del sector de los combustibles en Tibú, cuyas acciones llevaron a que seis estaciones de servicio (EDS) cerraran desde ayer por amenazas y extorsiones, lo que afecta el desarrollo económico del municipio. 

Esto se suma a que la semana pasada Satena suspendió la ruta Tibú-Cúcuta, que ya significó un golpe al desarrollo de ese territorio y del Catatumbo.

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Los responsables de las EDS Monterrey, Los Ángeles, La Gran Estación, La Cuatro, Campo Dos y Lagunitas de la distribuidora mayorista Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte (Coomulpinort) informaron, a través de las redes sociales.

El gerente de Coomulpinort, Mario Arévalo, expresó su solidaridad con los empresarios y resaltó que comunicaron la situación al Ministerio de Minas y Energía.

Sin combustible, ‘todo se paraliza’

Para la directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), María Eugenia Martínez, se trata de una situación “gravísima”, la cual afecta la vida cotidiana de los pobladores y sectores productivos.

“Si los empresarios de las estaciones tomaron esa decisión es porque es insostenible lo que están viviendo. Prefieren cerrar que seguir pagando extorsiones, porque las ganancias no les dan. Es un problema que ha crecido y muchos, por temor, no denuncian. Y si no hay combustible, todo se paraliza; en Tibú hay empresas que producen bienes y servicios para la población”, agregó Martínez.

El director territorial de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), José Ronaldo Peñaloza, expresó que la afectación por el cese de operaciones de las EDS es enorme: se siembra zozobra, no hay combustible para mover los vehículos y la alta percepción de inseguridad que se crea perjudica la dinámica económica.

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Desde Somos Uno, el gremio que reúne a la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), expresaron su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante los recientes y sistemáticos ataques contra las EDS en el país.

“Manifestamos nuestra alarma ante la situación que se vive en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander, donde la frecuencia y gravedad de los ataques ha escalado a niveles que amenazan gravemente la operación de la red de abastecimiento de combustibles”, indicó.

La unidad gremial señaló que las consecuencias son directas, inmediatas y de largo alcance sobre el tejido social y económico, porque la interrupción del abastecimiento de hidrocarburos genera desabastecimiento, afectando a los ciudadanos y el comercio.

Según la organización defensora de las EDS, “sin combustible no hay transporte de pasajeros ni de carga, no hay cadena de suministro de alimentos, medicamentos ni bienes de primera necesidad” y la afectación a la infraestructura de hidrocarburos puede comprometer la operación de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y atención en salud.

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La Seccional Norte de Santander de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) resaltó que, en los últimos meses se ha venido consolidando un entorno cada vez más adverso para el desarrollo de actividades productivas en el Catatumbo, particularmente en el sector minero energético y en las cadenas asociadas. Entre los hechos más relevantes se destacan:

• La suspensión de operaciones de Ecopetrol debido a la situación de orden público.
• Las afectaciones al bloque Carbonera de gas en el municipio de Sardinata, derivadas de bloqueos, restricciones a la movilidad y riesgos para el personal operativo.
• La interrupción del suministro de gas domiciliario en Tibú por amenazas de grupos armados.
• Las dificultades para la distribución de GLP en municipios del oriente de Norte de Santander, afectando el abastecimiento de hogares y comercios.
• Las pérdidas sostenidas en el sistema eléctrico, derivadas de conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación de CENS-EPM.
• El hurto de combustible en el poliducto en el sur del Cesar, lo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética en la región.

Llamado al Gobierno

Somos Uno exigió que las autoridades actúen con decisión, rapidez y eficacia ante este problema y que se active de manera inmediata un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las regiones afectadas, con la presencia y articulación de todas las entidades del Estado con competencia en seguridad, energía y protección de infraestructura crítica.

Instó a desplegar y reforzar los operativos de seguridad en el perímetro y zonas de influencia de las estaciones de servicio bajo amenaza.

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