Tras cuatro horas de exposiciones, análisis, explicaciones, interrogantes y respuestas —que permitieron despejar dudas sobre cómo avanza la actualización catastral en Cúcuta y la forma en que se liquidan los avalúos de los predios y los valores del impuesto predial—, la Contraloría Municipal concluyó ayer el primero de varios diálogos sociales sobre temas de alto impacto ciudadano.
En esta oportunidad, el espacio se centró en el endeudamiento, la sostenibilidad financiera y la actualización catastral del municipio, con la participación de líderes comunales, voceros de los gremios económicos, la Alcaldía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Catastro Multipropósito.
Esta última entidad explicó los escenarios que intervienen en el proceso de actualización y la manera en que se determinan los avalúos catastrales y los montos del impuesto predial, incluidos los descuentos por pronto pago.
De forma específica, las explicaciones se enfocaron en la actualización catastral adelantada en la zona seis de la ciudad, integrada por los sectores Zona Industrial, Los Pinos, Popular, La Castellana, La Merced, Lleras Restrepo, La Ceiba, La Capillana, Ceiba II, Quinta Oriental, Quinta Bosch, Parque de Las Brisas, Colsag, La Riviera, Govica, Sayago, Pescadero-Colpet, Edificio Barcelona, Edificio Prestige y Torres San Carlos.
Puntos del consenso
El dirigente gremial Iván Gélvez expuso cuatro ideas centrales frente a la actualización catastral que adelanta la Alcaldía, en las que coincidió la mayoría de los asistentes.
En primer lugar, insistió en que los impuestos deben cumplir principios básicos: ser justos, legales, pagables y progresivos. En ese sentido, pidió revisar que las tarifas no superen la capacidad real de pago de los ciudadanos.
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Los líderes comunales, por su parte, advirtieron que los avalúos no reflejan la realidad de los inmuebles, ya que en muchos casos se está valorando más el lote que la construcción, lo que podría inflar los precios y generar cobros desproporcionados.
También se señaló que el proceso de reclamación es poco accesible, debido a los altos costos de contratar peritos o evaluadores, lo que desincentiva a los ciudadanos a controvertir los avalúos.
Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para escuchar a la comunidad y tener en cuenta la situación económica actual de la ciudad, marcada por la caída en los precios de los inmuebles y el aumento de la oferta de arriendos, lo que evidencia una menor dinámica económica.
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En conjunto, gremios y comunidades coincidieron en que la actualización catastral debe ajustarse a la realidad económica local y no convertirse en una carga excesiva para los contribuyentes.
Miembros de la junta directiva de Fenalco Norte de Santander advirtieron que “las implicaciones de un avalúo catastral alto, o desmedido, generan un efecto búmeran en todos los sentidos —fiscales, administrativos, tributarios y judiciales— que termina impactando la vida diaria de la ciudadanía”.