Es una de las violencias más invisivilizadas, pocas veces se denuncia y la sufren tres de cada 10 mujeres en Colombia entre las que son víctimas de algún tipo de agresión. 

El 34% de las féminas sufren violencia económica, según el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige). La Defensoría del Pueblo, en 2024, atendió 2.634 casos, lo cual representó el 22,7% del total de las situaciones atendidas.

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Una investigación de los profesores de la Escuela de Negocios y Desarrollo Sostenible del Politécnico Grancolombiano Marisol Salamanca, Gloria Ríos, Juliana Correa y Alexander Balzán reveló que esta es una de las violencias más comunes, pero menos conocidas, y que aún queda mucho camino por recorrer en la construcción de leyes que la tipifiquen como un delito.

De acuerdo con los académicos, hacer visible esta realidad y entenderla a fondo no es solo un ejercicio técnico, sino un paso fundamental para garantizar que más mujeres puedan decidir sobre su vida, su trabajo y sus recursos con verdadera autonomía.

Marisol Salamanca destacó que el análisis comparativo basado en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mostró que 46 naciones incluyen la violencia de género en sus marcos legales, pero solo 19 tipifican específicamente la violencia económica y apenas nueve cuentan con instrumentos para medirla. 

Gloria Ríos sostuvo que la falta de herramientas estandarizadas, sumada a vacíos normativos y enfoques diversos, dificulta la identificación, denuncia y prevención efectiva. Agregó que urge avanzar en políticas públicas claras, sistemas de monitoreo y un mayor reconocimiento social de esta violencia silenciosa, la cual perpetúa múltiples formas de vulneración.

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Para Alexander Balzán, la ausencia de medición y claridad normativa obstaculiza la formulación y evaluación de políticas eficaces, lo que lleva a mantener brechas institucionales que limitan la protección y el empoderamiento económico femenino.

Los expertos proponen en su informe una hoja de ruta para la prevención y erradicación de la violencia económica, la cual contempla:

Crear indicadores estandarizados y comparables a nivel Latinoamericano para identificar, medir y monitorear esta forma de violencia de manera rigurosa y constante.

Desarrollar políticas públicas integrales, respaldadas por sistemas sostenibles de información y seguimiento anual.

Fortalecer la cooperación internacional entre instituciones académicas, gobiernos y entidades jurídicas para construir un marco regional robusto que permita prevenir, atender y sancionar la violencia económica contra las mujeres.

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¿Cómo identificarla?

Este tipo de violencia ocurre cuando una persona limita, controla o impide el acceso de otra a recursos económicos necesarios para vivir con autonomía. Entre las conductas más frecuentes se encuentran:

• Control total del dinero o la exigencia de justificar cada gasto.
• Restricción para trabajar o estudiar, impidiendo que la persona genere ingresos.
• Asignación de mesadas sin posibilidad de decisión propia.
• Generación deliberada de deudas a nombre de la víctima.
• Tomar decisiones financieras sin consultar a la pareja.
• Retener salario, ahorros, tarjetas o documentos bancarios.
• Registrar bienes solo a nombre del agresor o negar acceso a bienes comunes.
• Manipular o amenazar con retirar apoyo económico a la persona o a sus hijos/as.

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