Para la emergencia generada por la guerra en el Catatumbo entre el Eln y las disidencias de las Farc, la cual comenzó hace un año, el presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 175 de 2025, introdujo desde el 14 de febrero modificaciones tributarias para recaudar ingresos destinados a financiar los gastos derivados del Estado de Conmoción Interior para esa subregión.
El Gobierno creó el IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 19% sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, un tributo temporal del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón (partidas arancelarias 27.01 y 27.09), aplicable en la primera venta o exportación; y el impuesto de timbre, con una tarifa ajustada al 1%.
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De acuerdo con datos aportados a La Opinión por el Ministerio de Hacienda, se adicionaron $2.8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) para atender al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en Cesar.
De este monto, $1.3 billones (45,9%) se destinaron a funcionamiento y $1.5 billones (54,1%) a inversión. Sin embargo, la Sentencia C-381 de la Corte Constitucional de 2025 (ajuste de recursos) cambió drásticamente la destinación del dinero para ciertos sectores, al declarar inexequibles varias partidas presupuestales.
Juegos, los que más aportaron
Según el Minhacienda, el saldo neto acumulado en tributos destinado a financiar el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, a corte de noviembre, fue de $2 billones ($1.995.928 millones exactamente), monto que representa una ejecución del 72,1% frente a la meta proyectada (aforo) de $2.8 billones.
El mayor recaudo provino del IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet, con $992.846 millones, cifra que superó ampliamente su meta inicial, al lograr un cumplimiento del 161,6% ($614.223 millones).
El segundo mayor recaudo provino de los empresarios del carbón y de los hidrocarburos. El Impuesto Especial para el Catatumbo recolectó $640.909 millones, con un cumplimiento del 60,8% de la meta ($1.05 billones).
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El Impuesto de Timbre Nacional aportó $362.173 millones. Fue el rubro con menor desempeño frente a su proyección, al alcanzar solo el 32,9% de la meta establecida ($1.1 billones).
La gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), Margarita Contreras, indicó que, para este sector, el impacto del tributo creado fue fuerte y que es difícil describir el beneficio palpable que dejó para la población del Catatumbo.
“No hay una percepción del beneficio. Hicimos en septiembre un derecho de petición para conocer en qué se empleó ese dinero y la respuesta no llena las expectativas”, apuntó Contreras, en relación a que la información suministrada carece de anexos documentales, enlaces de procesos de contratación y evidencia fotográfica que soporten los gastos referenciados.
Medidas limitadas
Para el economista e investigador Mario Zambrano, desde el punto de vista fiscal, estas medidas fueron coherentes con un contexto de urgencia, pero limitadas en alcance territorial y temporal; solo respondieron al “incendio” y no al diseño de una política de desarrollo para una subregión históricamente rezagada.
Frente al impacto, el también docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) señaló que se debe analizar desde dos aristas. La primera es una mejora transitoria en la atención humanitaria, aunque claramente este fenómeno se desbordó y aún sobrepasa la capacidad institucional.
“Un alivio puntual para hogares en situación crítica. Aquí lo importante sería saber cuántos y cuál fue su efecto”, agregó Zambrano.
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El segundo enfoque es si el impacto fue solo humanitario o fue más allá, es decir, si contribuyó al restablecimiento de derechos y a la reactivación limitada de ciertos servicios.
El economista añadió que las debilidades de esta estrategia se reflejan en una baja ejecución económica sostenible, falta de empleo formal, persistencia de economías ilegales dominantes y aumento estructural de la violencia.
“Hoy estamos abocados a una nueva crisis humanitaria de desplazados y a enfrentamientos entre grupos al margen de la ley”, apuntó el experto.
¿Qué faltó?
Mario Zambrano indicó que faltó una visión territorial de desarrollo productivo, pues, las medidas fiscales no se articularon suficientemente con una estrategia económica clara.
El académico sostuvo que no hubo una apuesta fuerte por encadenamientos productivos legales, no se crearon incentivos fiscales de mediano plazo para la inversión regional y la política fiscal no dialogó con un programa industrial o rural específico.
“Faltó articulación con seguridad y gobernanza. El gasto fiscal no fue acompañado de una mejora sostenida en control territorial, justicia local y gobernanza. Faltaron mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de estas medidas”, recalcó Zambrano.
El experto sostuvo que fue necesario contar con evidencia que permitiera saber cuántos empleos se sostuvieron, cuáles sectores de la economía crecieron y en cuáles municipios hubo efectos reales.
“El Estado en el Catatumbo es lo que Fernán González llama ‘legitimidades diferenciadas’, es decir, el Estado está, pero no de la misma forma en todo el territorio. Las reglas de juego informales suelen tener un peso fuerte y las medidas estatales terminan siendo limitadas, inocuas o híbridas”, destacó Mario Zambrano.
El economista concluyó que esto trae como resultado que el Estado llegue con recursos, pero no se quede, mientras las economías ilegales siguen siendo más rentables y seguras.
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