El Gobierno publicó el borrador del decreto con el que pide modificar los límites de inversión en el extranjero realizados por los fondos de pensiones. La nueva normativa establece que las AFP deberán reducir de 49% a 35% la inversión en el extranjero en los próximos tres años, y esto deberá disminuir a 30% al cabo de cinco años.
El decreto reveló que hasta noviembre del año pasado el total de recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorias asciende a $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones corresponden a inversiones en activos del exterior, lo que equivale a aproximadamente 48,8% del total del portafolio agregado.
Es decir, que con esta modificación, se debe reducir la concentración de la inversión en otros países, en los primeros tres años, por $73 billones; esta repatriación ascendería a casi $100 billones al completar el lustro.
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En el texto se explica que esta limitación y, por ende, repatriación gradual, que se hace a los cuatro fondos se fundamenta, "en la necesidad de alinear el ahorro institucional de largo plazo con los requerimientos estructurales de inversión de la economía colombiana, particularmente en sectores con altos multiplicadores económicos como infraestructura, vivienda, energía y proyectos productivos".
"Es relevante destacar que, hasta esa fecha, las cuatro AFP cumplen con los límites individuales de inversión en el exterior establecidos en la regulación vigente para cada tipo de fondo, lo que evidencia que la propuesta no parte de un escenario de incumplimiento, sino de un ajuste prudencial de carácter agregado", se lee en el borrador de decreto.
Asimismo, explicó que la Administradora de Fondos de Pensiones con mayor inversión en el extranjero cuenta con una participación cercana a 50%, mientras que la de menor exposición está por el orden de 45%, "lo que confirma que el nivel de internacionalización de los portafolios es relativamente homogéneo entre las AFP. Esta distribución refuerza la pertinencia de un límite global uniforme, aplicable al conjunto de los fondos administrados por cada AFP, como mecanismo de alineación macroprudencial, sin introducir distorsiones competitivas entre administradoras".
En este decreto explican que buscan limitar la inversión en el extranjero para fortalecer la nacional, y así con esos flujos provenientes de nuevas cotizaciones limitarán la necesidad de "repatriaciones aceleradas de capital y contribuye a que los efectos sobre la tasa de cambio se materialicen de forma paulatina y predecible".
"En caso de identificarse riesgos para la estabilidad macroeconómica o el funcionamiento ordenado del mercado, el marco regulatorio prevé la supervisión continua de la Superintendencia Financiera de Colombia y la posibilidad de ajustes operativos dentro del régimen de transición", se lee en el borrador.
Lo que dicen los expertos
Entre las primeras reacciones que se conocieron fue la del rector de la Universidad, EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que limitar el ahorro pensional en el extranjero a 30%, "reduce y distorsiona de manera artificial la diversificación de riesgo", de los ahorros pensionales.
Mediante su cuenta en X aseveró que esto expone los ahorros pensionales al riesgo fiscal, regulatorio y político local, y debilita uno de los principales mecanismos de protección del afiliado.
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"No puede el Gobierno pensar que nuestros ahorros pensionales son su caja menor, buscan jugar con $100 billones de nuestros ahorros. En la práctica, esto funciona como un control indirecto de capitales", cuestionó.
Previo a conocerse los alcances de este borrador de decreto que la Unidad de Regulación Financiera ya publicó para comentarios, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que obligar a los fondos a traer al país recursos actualmente invertidos en mercados internacionales sería una decisión difícil de justificar desde el punto de vista técnico.
“No entendemos qué se pretende lograr. Esto no genera más ahorro en la economía; por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios y expone el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad”, afirmó.
A juicio de Velasco, este proceso tendría un triple impacto negativo sobre los recursos de los afiliados: pérdida de valor por la venta anticipada de activos, menor conversión cambiaria y dificultades para encontrar alternativas de inversión atractivas en el mercado local. “Hoy no hay una oferta suficiente de activos en Colombia. La inversión no se ha recuperado plenamente tras la pandemia y, en este momento, el país no necesita ese ahorro”, dijo.
Previo a su renuncia, Mónica Higuera, exdirectora de la URF, había advertido de los contras que traería este borrador de decreto. Advirtió en ese momento, que esta propuesta podría no ser viable y el Gobierno debe diseñar una nueva normativa en la cual se podría modificar el límite de inversión.
Aunque así está diseñado el decreto que acaba de publicar el Gobierno, sí requiere una repatriación en los próximos cinco años para alcanzar el límite de 35% y 30%, posteriormente, como lo solicita el Estado.
