Nueva EPS alertó que su operación se encuentra en riesgo debido a embargos judiciales que superan los $2,1 billones, una cifra equivalente a la totalidad de su operación mensual y que podría afectar la atención de cerca de 11,7 millones de afiliados en el país.
Según informó la entidad, las medidas fueron ordenadas por cuatro juzgados y han derivado en el bloqueo de cuentas bancarias y la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación, limitando el flujo hacia la red prestadora y los gestores farmacéuticos. Actualmente, la EPS depende casi de manera exclusiva del giro directo semanal para cumplir con sus obligaciones.
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También recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables; sin embargo, advirtió que algunas decisiones judiciales estarían desconociendo esta normativa, lo que ha profundizado la crisis financiera que arrastra la entidad desde antes de la intervención.
Los embargos se concentran en cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en su mayoría grandes entidades privadas. Ante este escenario, la EPS informó que puso la situación en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la ADRES, y anunció que continuará utilizando las vías jurídicas para evitar afectaciones en la prestación del servicio.
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