El Concejo de Cúcuta aprobó una modificación al Estatuto Tributario que permitirá otorgar beneficios a las empresas que integren a su personal a jóvenes, entre los 18 y 28 años, que no cuentan con experiencia laboral y personas en condición de discapacidad de cualquier edad.
La iniciativa busca impulsar el empleo formal en la ciudad, que actualmente tiene una de las mayores tasas de desocupación a nivel nacional.
En diálogo con La Opinión, el concejal Jair Díaz, quien propuso la iniciativa, explicó que al observar la situación que enfrentan miles de jóvenes al terminar sus estudios y no encontrar oportunidades en el mercado laboral, decidió proponer la inclusión del artículo 156, donde se ofrecerán estímulos a las empresas que abran sus puertas a estas personas.
“Como concejal joven conozco de cerca este problema, por eso quisimos buscar la forma de ayudar a los empresarios y la juventud cucuteña”, afirmó.
Díaz aseguró que la medida contará con una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de ser prorrogada por más años. Asimismo, prevé un impacto de 100 a 300 empleos en el primer año de implementación.
El concejal comentó que socializarán con la Cámara de Comercio de Cúcuta, Fenalco y Camacol la medida, para que estos se encarguen de difundirla a los empresarios cucuteños.
El incentivo corresponde a un descuento del 100% en el impuesto de Industria y Comercio a los establecimientos comerciales que incorporen estos grupos a su personal.
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No obstante, aclaró que la cobertura será para empresas que tengan sus operaciones en Cúcuta, sin importar que sean nuevas o antiguas y los empleados también deben ser de la capital nortesantandereana.
De igual manera, el concejal de Alianza Verde, destacó que ambas partes involucradas serán favorecidas. “Esto es un gana–gana: ayudamos al empresariado, que también enfrenta dificultades, y al mismo tiempo se abren oportunidades de empleo digno y formal”.
Los requisitos
Para recibir el beneficio, los contribuyentes deberán notificar por escrito a la Subsecretaría de Rentas e Impuestos, el número de colaboradores vinculados bajo las condiciones estipuladas.
Igualmente, de ser solicitado, deberán presentar una certificación de un contador o revisor fiscal donde se especifiquen los nombres e identificación de los empleados, comprobantes de pagos laborales, constancias que demuestren afiliación al sistema general de seguridad social y la certificación de discapacidad bajo lo reglamentado en la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social o el carné que acredite la discapacidad del trabajador, expedido por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EABP) a la que pertenezca, esto fundamentado en el artículo 5 de la Ley 361 de 1997.
La visión de los empresarios
El empresario y miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), Rubén Bitar, subrayó que recibió de manera positiva la iniciativa del Concejo y consideró que esto puede convertirse en una herramienta para impulsar la inclusión laboral y reactivar económicamente la ciudad.
Sin embargo, instó a que haya acompañamiento institucional, donde el sector público y el privado puedan ir de la mano. “Para que estos estímulos sean realmente efectivos, deben ir acompañados de capacitación, asesoría y una simplificación de trámites que faciliten la participación del sector productivo”, señaló.
Además, resaltó que las Mipymes pueden enfrentar retos prácticos al querer implementarla debido a que algunas lidian con márgenes reducidos de rentabilidad y altos costos operativos.
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