La cobertura de los servicios públicos en Norte de Santander es muy buena en términos generales, en comparación a los promedios nacionales; incluso, algunos llegan casi al 100% de los habitantes, como ocurre con la energía eléctrica, a la cual tiene acceso en el 99,8% de los 524.000 hogares.

Estos resultados de la reciente Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del Departamento Administrativa Nacional de Estadística (DANE) mostraron que el acueducto tiene una cobertura del 87,6%, al alcantarillado tiene acceso el 83,4% y el 85,5% de los hogares cuenta con la recolección de basura.

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Sin embargo, el reto para las autoridades y las empresas prestadoras está en el gas natural, porque el 40% de las familias carece de este combustible esencial; el acceso es del 59,4%. O sea, unos 209.000 hogares, que agruparían a má de 630.000 personas, no cuentan con ese servicio.

El departamento está muy por debajo del promedio nacional (70,9%), con una diferencia de 11,5 puntos porcentuales.

Otra falla que arrojó el informe es que el servicio de gas en la zona rural es muy deficiente, con un indicador de acceso del 4,6%, bastante inferior de los promedios a nivel país (18,2%) y de su vecino Santander (25,1%).

En acueducto, alcantarillado y recolección de basura, en los centros poblados y dispersos, los índices de cobertura son del 35,4%, 15,0% y 26,1%, respectivamente.

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Pobreza energética

Para el economista e investigador Mario de Jesús Zambrano, la ECV refleja una dualidad interesante, porque mientras la cobertura es cercana al 100% en energía eléctrica, hay grandes retos y rezagos en gas natural, con una clara incidencia en las zonas rurales y una remarcada disparidad ante las áreas urbanas.

“Eso muestra desigualdades y significa que las familias se ven obligadas a recurrir a una fuente de energía menos eficiente y más contaminante, que termina afectando, no solo su calidad de vida, sino que tiene implicaciones de carácter ambiental y de salud pública”, apuntó a La Opinión el docente de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

Zambrano dijo que la falta en el acceso al gas natural contribuye a la pobreza energética y, por ende, termina limitando el desarrollo sostenible de las comunidades, lo cual obliga a repensar las políticas públicas, que implican una alta inversión en infraestructura para reducir dicho tipo de pobreza y mejorar los indicadores ambientales.

“También estas políticas pueden combinarse con subsidios para la instalación de red de distribución, incentivos para las empresas que proveen el servicio, programas de educación sobre los beneficios del gas natural y explorar el uso del gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros o la implementación de soluciones basadas en energías renovables que se adapten a los contextos”, enfatizó el economista.

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Más proyectos en servicios

El secretario de Agua Potable de la región, Aldair Álvarez, informó a La Opinión que, en el marco del Plan Departamental de Aguas, está en ejecución la optimización de los acueductos de Santiago y del corregimiento La Gabarra de Tibú; fueron adjudicados los proyectos de optimización de los acueductos de Salazar de las Palmas y Puerto Santander y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Bochalema ya tiene adjudicación.

“En 2025, logramos tener el concepto técnico y financiero para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Labateca y está en fase precontractual. En San Cayetano, también logramos la adjudicación del alcantarillado pluvial del barrio Colinas, debido a que cada vez que se presentan fuertes lluvias hay inundaciones”, añadió Álvarez.

Según el secretario, la inversión en las obras descritas será de al alrededor de $21.000 millones. 

Además, puntualizó que, para la zona rural del Catatumbo, tienen previsto construir unidades sanitarias para algunas familias, de la mano del Ministerio de Vivienda, con el fin de mejorar su calidad de vida.

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