Con la instalación de la mesa de la mesa de concertación a las 8:00 a.m. y la presentación del Producto Interno Bruto (PIB), comenzará el próximo lunes, 1 de diciembre, la discusión entre los sindicatos y los empresarios, ante la presencia del Gobierno, del aumento del salario mínimo que regirá en 2026.

Desde diferentes sectores empresariales ha venido haciendo sus análisis, para que el incremento salga de la negociación y se ajuste a la realidad, con el fin de evitar que el Gobierno lo haga por vía decreto, si se cumple el plazo estipulado y no hay acuerdo.

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Una de esas voces es la del representante de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ante el Consejo Gremial Nacional, Jairo Pulecio, quien explicó que, de acuerdo con su estudio ‘Un mayor salario nominal para los trabajadores: sus implicaciones en el corto plazo’, el alza de más al 7% podría reducir el salario real, afectar la inversión y poner en riesgo la estabilidad del empleo. 

El también vicepresidente de la Junta Directiva de Acopi en el país afirmó que un aumento desproporcionado solo serviría para impulsar la inflación, lo que anulará los beneficios que el ajuste busca generar en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Pulecio advirtió sobre “una situación anómala” dentro de la negociación que comenzará entre las centrales de trabajadores y cinco gremios. “En este momento el Gobierno, que se supone es el árbitro y el integrante no participante, manifestó que iba a hacer un incremento del 11%. Eso, obviamente, daña las negociaciones”, apuntó. 

El líder gremial cucuteño afirmó que, ante el anuncio de la administración de Gustavo Petro, no tiene sentido concertar el incremento, que los sectores empresariales presenten sus propuestas ni mucho menos ver los indicadores de productividad, crecimiento económico y de inflación.

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“Nuestra propuesta es del 7%, basada en una inflación causada y un incremento que aporte al salario real de los trabajadores. Un aumento superior a esa cifra tendrá una afectación directa en términos de inflación, porque ese mayor valor del costo de los trabajadores sería trasladado a los precios del mercado”, sostuvo.

Jairo Pulecio manifestó que los empresarios no solo tendrían que asumir el alza elevada del sueldo; además los efectos de la reforma laboral que se viene implementando, la reducción de la  jornada y una eventual reforma tributaria. Este escenario se suma a un dólar bajo, que hace que las exportaciones generen menores ingresos.

Propuesta del Gobierno es probable 

En los últimos años, la decisión ha estado marcada por incrementos superiores a la inflación. Al ser este el último año del gobierno de Petro, se cree el ajuste sea aún más significativo, en busca de dejar una percepción positiva entre los sindicatos y la ciudadanía, según el líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, Jaime Edison Rojas.

Rojas expresó que la propuesta del Ejecutivo sugiere que el salario mínimo suba hasta $1.580.085, más el auxilio de transporte (lo que dejaría la remuneración en cerca de $1.8 millones), un ajuste que parece probable y que tendría efectos inmediatos en los hogares, especialmente los que dependen de ese ingreso. 

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“El efecto será positivo para la mayoría de las familias, ya que incrementa su poder adquisitivo y mejora su nivel de consumo”, agregó el investigador.

No obstante, recordó que el Banco de la República ha alertado que un incremento elevado puede traducirse en mayores costos de producción, especialmente en sectores que dependen intensivamente de mano de obra, efecto que se trasladará a los consumidores.

El vicepresidente de Acopi, Jairo Pulecio, resaltó que un incremento de dos cifras traerá alzas de la inflación y, seguramente, de la informalidad o una reducción de renovaciones de empresas en 2026. 

“Esto puede implicar una afectación en la generación de empleo. Lamentablemente, lo que va a pasar es que el Gobierno va a sacar un decreto del 11%”, resaltó.

En ese mismo sentido opinó Jaime Rojas, quien subrayó que se generarán costos de contratación más elevados para las empresas, especialmente las Mipyme, lo que podría llevarlas a evitar formalizar sus empleados o contratar más trabajadores informales.

Fedesarrollo también recomienda que la variación no supere el 7%, porque el 11% excedería el margen técnico recomendado y podría generar presiones adicionales en los costos laborales y en la formalización.

Otro riesgo de un alto aumento salarial es que la inflación deje de ceder al ritmo esperado. Rojas  dijo que “puede que la inflación no se reduzca con la rapidez prevista para 2026”, por lo que el desafío es equilibrar los beneficios para los hogares con los riesgos macroeconómicos que implican incrementos. 

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