En una intervención sorpresiva en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y opositor del gobierno de Nicolás Maduro, Walter Márquez Rondón, exigió este 18 de agosto la apertura total de la frontera colombo-venezolana, al cumplirse diez años del cierre arbitrario decretado en 2015.
Márquez, quien se desempeñó como embajador de Venezuela en la India durante el gobierno de Hugo Chávez, calificó de “insólito” que aún persistan restricciones horarias en los pasos fronterizos. Recordó que el puente internacional Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander cierran de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., mientras que el puente Atanasio Girardot (antes Tienditas) permanece clausurado de medianoche a 6:00 a.m.
“Esto es ilegal y arbitrario. No existe ninguna norma constitucional ni en Colombia ni en Venezuela, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos que lo permita”, expresó.
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“Un abuso de poder de ambos gobiernos”
El exparlamentario responsabilizó tanto al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de mantener estas restricciones. A su juicio, se trata de un “abuso de poder” que continúa afectando a las comunidades a ambos lados del río Táchira.
Márquez subrayó que la paralización económica en la zona fronteriza del Táchira es evidente y que, aunque Colombia ha logrado mantener cierta dinámica, también ha sufrido un impacto considerable en sectores como el comercio, el transporte y la educación.
“Demandamos que la reapertura de la frontera sea total y sin restricciones. No hay justificación legal ni constitucional para mantener estas medidas”, enfatizó.
Denuncias ante organismos internacionales
El dirigente opositor recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI) mantienen investigaciones por crímenes de lesa humanidad relacionados con el cierre fronterizo.
Entre las cifras reveladas, mencionó el desplazamiento forzoso de 22.500 colombianos, la deportación de 1.500 más, la destrucción de 203 viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira y pérdidas económicas estimadas en más de 30.000 millones de dólares.
“Esta tragedia binacional fue denunciada oportunamente por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, en 2015; por el expresidente Iván Duque durante su mandato; y por organizaciones como la Fundación El Amparo. Hay abundantes pruebas que comprometen a Nicolás Maduro y su cadena de mando”, recalcó.
Una fecha marcada en la historia fronteriza
Márquez señaló que el 19 de agosto de 2015 será recordado como “una fecha negra” en la historia de la frontera, en contraste con el 17 de diciembre de 1819, cuando el Libertador Simón Bolívar proclamó la unidad de Colombia y Venezuela con la creación de la Gran Colombia.
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“El cierre, impulsado por Maduro y el entonces gobernador José Gregorio Vielma Mora, duró siete años y ocasionó estragos irreparables en los sectores laboral, minero, comercial y educativo. Especialmente en el eje Ureña-San Antonio, donde aún no se ha logrado la recuperación”, puntualizó.
Llamado a la Corte Penal Internacional
Finalmente, el exdiputado exigió que la Corte Penal Internacional avance en las investigaciones contra Nicolás Maduro y sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad derivados de la medida. También advirtió que las autoridades colombianas que cierran los pasos internacionales están incurriendo en responsabilidades de cadena de mando.
“No existe estado de excepción ni en Colombia ni en Venezuela, ni suspensión de garantías. Cerrar la frontera es ilegal. La lección que nos dejó este capítulo es que nunca más debe repetirse un cierre arbitrario como el que hemos padecido”, concluyó.
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