La comunidad indicó que estos negocios en la zona céntrica existen desde hace 20 años. Informaron que la mayoría de los animales son traídos de criaderos informales que tienen las personas en sus casas.
Respuesta de autoridades y decretos
Víctor Caicedo, concejal animalista de Cúcuta explicó que en la ciudad, el municipio tiene identificado más de 50 establecimientos que se dedican a este tipo de ventas.
Caicedo indicó que aunque este trabajo no es ilegal, si debe cumplir con una serie de lineamientos para su funcionamiento. Aseguró que los mismos están estipulados en el decreto 0026 del 2025.
El concejal informó que de acuerdo con el decreto, los negocios que se dedican a esta labor deben contar con un certificado de inspección, vigilancia y control actualizado ante la Secretaría de Salud municipal.
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Agregó que según lo establecido, estos sitios también deben tener un veterinario trabajando con ellos; la historia clínica de cada animal y la estructura locativa apta para la comodidad de estos.
Otros aspectos que determina el decreto es la necesidad de un registro y control del origen y venta de los animales y que los mismos se encuentren como mínimo desparasitados y vacunados.
Además, se aclara que no pueden venderse animales domésticos que tengan menos de dos meses, y que, durante el año, estos establecimientos deben promover campañas de adopción, esterilización, cuidado responsable y prevención del maltrato.
Asimismo, la resolución prohíbe la venta a menores de edad y la comercialización de especies de fauna silvestre y exóticas. Igualmente se evidencian las cinco libertades que tienen los animales, las cuales son: libertad de hambre y sed, incomodidad, dolor, miedo, y libertad de expresar sus comportamientos normales.
El concejal también dijo que existe una ruta de denuncia mediante la casilla PQRS en la página de la Alcaldía.
Añadió que durante el presente año se han recibido 14 denuncias y cerrado seis locales, rescatando a más de 300 animales.
Por otra parte, explicó que este decreto confiere responsabilidades a la Secretaría de Gobierno que, una vez al año, deben realizar una capacitación interinstitucional a los negocios de este tipo.
Sobre la Policía Ambiental, Caicedo expuso que ellos pueden actuar en flagrancia o, mediante las denuncias ciudadanas.
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