En vista de las denuncias hechas sobre la crisis humanitaria que se presenta en la cárcel de Cúcuta respecto al servicio de alimentación, un juez de garantías de derechos humanos ordenó una visita para verificar la condición nutricional de los privados de libertad. 

La inspección estará a cargo de funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio y tendrá lugar este jueves, 15 días después a una visita al área de ranchos -los recintos donde se preparan los alimentos- en la que se hicieron una serie de observaciones y exigencias para mejorar las condiciones, luego de evidencias problemas técnicos y de salubridad. 

La Opinión pudo conocer que la situación con la prestación del servicio de alimentación en el centro penitenciario de Cúcuta no ha mejorado, a pesar de las constantes quejas y constancias que dejan por escrito los funcionarios del Inpec a cargo. “Todo sigue igual”, señaló uno de los miembros del personal de custodia. 

Lea más: La comunidad musulmana de Cúcuta: cada día menos ocultos

Taiz del Pilar Ortega, secretaria de Salud del municipio, indicó que la visita fue requerida para comprobar el cumplimiento de la entrega de alimentos conforme a los estándares nutricionales establecidos, en cuanto a porciones y tipo de alimentos.
 
En este sentido, señaló que la comisión estará conformada por personal especializado en nutrición y salud ambiental, para verificar situaciones de hacinamiento, saneamiento de celdas, entre otros. 

En la revisión, la Secretaría de Salud tiene especial interés también en el cumplimiento de unas exigencias hechas para el manejo de los contagios de tuberculosis en la prisión, que aunque se están aislando las personas afectadas, no se estaba haciendo en las condiciones idóneas, “ya hemos dejado observaciones al respecto”, dijo Ortega.  

38 casos de tuberculosis 

Sobre el número de casos registrados en la Cárcel de Cúcuta, la secretaria de Salud señaló que a corte de la semana epidemiológica 17, periodo 5, del Sistema de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud, se registraban un total de 38 casos, que representan un 17,7 por ciento del total de casos en el municipio, que ascienden a 212. 

Lea más: Moiras, un espacio donde las mujeres tejen sueños y esperanza

No obstante, de acuerdo con el informe del Programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud, de los 38 casos reportados, tres salieron en libertad y siguen su tratamiento en IPS primaria, pero un caso adicional fue remitido y notificado por el departamento de Santander, por lo que en total son 36 los afectados, de los cuales 15 se encuentran en fase 1 intensiva y 21 en fase de continuación. 

En cuanto a la ubicación de los casos de tuberculosis activos en tratamiento, los mismos se han presentado en 23 puntos diferentes del centro penitenciario, es decir, pabellones o patios, mientras que cuatro se encuentran en zona de aislamiento. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Inpec y recogidos por el Programa de Tuberculosis, el mayor número de contagiados se encuentra en el pabellón 20, con cinco casos en total, dos en fase activa y tres en fase de continuación. 

Lea más: Especial terremoto: estudio de microzonificación de Cúcuta, tarea pendiente

Las autoridades sanitarias indicaron que a pesar del contexto habitual de esta población, “no se observa ningún aumento inusual en el número de casos”, según hicieron constar en el informe, en el que además destacaron el seguimiento permanente al comportamiento de la enfermedad en el recinto penitenciario, con visitas semanales, que permiten atender con rapidez los casos para evitar un contagio descontrolado. 

Una crisis nacional 

Pero más allá de los esfuerzos por mantener un mínimo de dignidad en los recintos carcelarios, la crisis de alimentación y ocupación es latente en varias ciudades del país, pues según fuentes ligadas a los asuntos penitenciarios, las cárceles afectadas representan entre el 80 y 90 por ciento de las existentes a nivel nacional.

Por esta razón este lunes estaba pautada una mesa de trabajo entre representantes de la Defensoría del Pueblo, Inpec y Ministerio de Justicia, en la que se esperaba la presencia de Augusto Ocampo, nuevo jefe de cartera encargado tras la salida de Ángela María Buitrago, a pesar de que éste habría pedido una reprogramación de la misma, la cual fue rechazada por  la Corte Constitucional, al considerar prioritaria la resolución de los problemas expuestos toda vez que vulneran los derechos de los privados de libertad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .