La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, enfrenta un complejo escenario judicial y económico desde que fue capturada en enero de 2025. Actualmente cumple una condena de más de cinco años en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, sin acceso a beneficios penitenciarios que le permitan cumplir su pena fuera del centro de reclusión.
Su abogado, Francisco Bernate, explicó en entrevista con Noticias Caracol que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa. El juzgado argumentó que Barrera no cumple con los requisitos de madre cabeza de hogar, y que el establecimiento penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para atender a su hija, incluyendo salas de lactancia.
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El caso legal y su contexto
Daneidy Barrera fue condenada por los delitos de daño agravado en bien ajeno, instigación a delinquir con fines terroristas y alteración del transporte público colectivo. Estos hechos ocurrieron durante el Paro Nacional de 2019, cuando la influenciadora publicó un video en el que destruía una estación de Transmilenio con un martillo, específicamente la estación Molinos, en el sur de Bogotá.
Desde su captura, el equipo jurídico ha intentado encontrar vías que permitan a la empresaria cumplir su condena fuera del penal. Sin embargo, los jueces también han descartado la posibilidad de aplicar la ley de utilidad pública, que habilita la sustitución de penas por trabajos comunitarios. Según Bernate, el juzgado consideró que Barrera no vivía en condiciones de marginalidad en el momento de los hechos, lo que va en contravía de una interpretación más amplia de la norma promovida por el Gobierno nacional.
Además, el abogado cuestionó que en la evaluación del núcleo familiar de la influenciadora no se haya tenido en cuenta que pertenece a la comunidad LGBTI+, y que forma una familia con su esposa, Karol Samantha Barbosa. “El análisis se hizo con parámetros tradicionales que no reconocen otras formas de familia”, expresó.
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Crisis económica y millonarias demandas
A la difícil situación jurídica se suman complicaciones económicas. La empresa de productos capilares de Epa Colombia, que en 2022 llegó a emplear a 350 personas, ahora enfrenta serias dificultades. Actualmente es manejada por Samantha Barbosa y otros familiares, aunque no se conocen detalles claros sobre su situación financiera.
En paralelo, se adelanta un proceso de reparación económica por los daños ocasionados en la estación de Transmilenio. La empresa solicitó un pago de $467 millones, mientras que Recaudo Bogotá y la aseguradora Chubb Seguros exigen otros $152 millones en total.
Cabe recordar que Barrera ya había pagado cerca de $300 millones por estos mismos hechos. Durante la audiencia, expresó su voluntad de llegar a un acuerdo, aunque consideró que las cifras exigidas son desproporcionadas. “Estoy arrepentida, pero no puedo pagar toda una estación de Transmilenio”, manifestó.
Según su defensa, ya se iniciaron acercamientos con las partes para intentar una conciliación antes del 26 de mayo.
Por ahora, la influenciadora continúa privada de la libertad, sin acceso a trabajo ni estudio dentro del penal, lo cual dificulta aún más la posibilidad de redimir parte de su condena. “Está devastada. Siente que se le están cerrando las puertas y que tendrá que permanecer allí los cinco años completos”, concluyó Bernate, quien insiste en buscar nuevas salidas legales para mejorar la situación de su defendida.
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