Los desplazamientos intraurbanos han incrementado en los últimos años como consecuencia de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento. Un líder social de la comuna 6 narró a La Opinión los retos que ha vivido desde que tuvo que huir de su territorio producto de amenazas. 

El presidente de junta, quien prefirió no revelar su identidad, aseguró que este hecho ha empeorado desde finales de 2024. Detalló que entre octubre y diciembre del año pasado recibió mensajes de odio de sujetos que amenazaban con asesinarlo. 

El hombre quien cumple tres años de su labor social, explicó que dichas intimidaciones han sido resultado de su labor en el barrio y del control que quieren imponer los delincuentes en la ciudad.

Aseguró que aunque los individuos no se identificaron, las amenazas fueron empeorando al punto que merodeaban su casa.

Agregó que producto de esas presiones, otros líderes en el sector renunciaron, y él en enero de este año decidió desplazarse a otro barrio para continuar su labor desde la distancia. Recalcó que está decisión aunque le costó su estabilidad, la llevó a cabo para no poner en riesgo a la comunidad.

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El líder mencionó que desde entonces, cada vez que ha querido ir al barrio lo hace acompañado de escoltas. También destacó que pese a su desplazamiento, el territorio sigue siendo un lugar intimidante para los ciudadanos. 

“De parte del Estado he recibido garantías, sin embargo es importante no caer en las tácticas de silenciamiento de estos grupos”, afirmó. 

Defensores hablan 

Enrique Pertuz Ariza, director general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, afirmó que aunque no tiene una cifra actual de estos hechos, la mayoría de los desplazamientos se presentan en las comunas 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10.

Pertuz aseguró que la falta de denuncias ha dificultado contar con estadísticas actuales. Señaló que las víctimas de este hecho, evitan acudir a las autoridades por el temor de ser rastreados.

“La complicidad que en algunos casos existe entre autoridades y grupos armados es otro problema que la gente conoce y que les impide denunciar”, agregó Pertuz.

Además, el experto en derechos humanos indicó que las personas al verse forzadas a salir de sus territorios, padecen consecuencias psicológicas y económicas. Por un lado, mencionó que los ciudadanos experimentan altos niveles de estrés por el temor de ser perseguidos o vivir nuevamente situaciones de violencia.

Asimismo, comentó que al igual que el líder de la comuna 6, todas las personas que se desplazan se ven afectadas financiera y emocionalmente pues deben abandonar su proyecto de vida y rutinas. 

El director de la corporación informó que con este tipo de violencia, a los ciudadanos se les vulneran sus derechos a la vida, y a la estabilidad laboral, social y emocional.

causas y responsables

Pertuz expuso que aunque no revelen su identidad, los responsables de estos delitos son grupos al margen de la ley como: ‘Los Lobo’, ‘Los Manzaneros’, ‘Los Causa’, ‘La Línea’, ‘La Familia P’, ‘El Hampa’, así como las disidencias de las Farc, el Eln y el Ejército Gaitanista de Colombia. 

Pertuz manifestó que a parte de las amenazas, los enfrentamientos entre grupos y las extorsiones, son otras razones que producen desplazamientos intraurbanos de ciudadanos.

De igual manera, Ariza aclaró que las personas más afectadas por estos hechos son comerciantes, transportistas, líderes sociales y sujetos que trabajan con las autoridades.

Frente a ello, reiteró que los canales de denuncia ciudadana son a través de la Policía y Fiscalía, informó además que el Estado está en la responsabilidad de proteger a estas personas mediante organismos como la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Líderes sociales y barreras invisibles 

Además del caso presentado en la comuna 6, la Federación Comunal de Cúcuta detalló que durante el presente año 20 líderes sociales han sido amenazados. Destacó que tres más pertenecientes a la comuna 8, también se han desplazado de sus barrios.

La Federación comunal informó que este 2025 han incrementado los casos de desplazamiento, siendo las comunas más afectadas la 6, 8 y 10.

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Por su parte,la Fundación Progresar evidenció que en los últimos cuatro años, 211 líderes de Norte de Santander se han visto obligados a desplazarse de sus territorios. También manifestó que 311 han sido amenazados desde 2021. 

Líderes de la comuna 8, aseguraron que el motivo principal de sus desplazamientos ha sido el temor de que grupos armados tomen represalias en contra suya o de sus familias.

Debido a estas situaciones, la misma ciudadanía ha evitado dirigirse a los barrios cercanos al anillo vial occidental.

Taxistas de Cúcuta que prefirieron no revelar su identidad, afirmaron que los sectores a los que evitan ir son: La Tomatera, Agua Clara, Colinas del Tunal, La Parada, Palmarito, y Antonia Santos.

Acciones de autoridades

Frente a las amenazas contra líderes sociales, la oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Cúcuta explicó a este medio que ejecutan la estrategia Cuadrantes por la Vida. Informaron que esta consiste en realizar patrullajes para identificar líderes y establecer contacto con ellos.

La Policía aseguró que frente a las situaciones de riesgo, se aplican medidas preventivas como acompañamiento a eventos, y visitas a sus casas y lugares de trabajo. También señalaron que dirigen los casos a la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía y la Gobernación, quienes les hacen la activación de una ruta institucional. 

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta ha declarado en anteriores ocasiones que a fin de atender los casos de amenazas contra líderes, crearon a través de la Secretaría de Gobierno el Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición.

Se explicó que esta estrategia incluye la activación de mecanismos de protección y asistencia para salvaguardar sus vidas e integridad. La administración aseguró que entre 2023 y 2024 le hicieron la activación de la ruta a 211 líderes sociales.

Pepe Ruiz, defensor regional, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que las denuncias relacionadas con las bandas criminales deben realizarse ante la Fiscalía, siendo este también un tema que maneja la administración. Sostuvo que a la Defensoría no han llegado personas a denunciar.

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