El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta admitió el pasado 25 de abril una acción popular interpuesta por el ciudadano Luis Alfredo Quintero Torrado contra la Cámara de Comercio de Cúcuta. La demanda denuncia presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción de la nueva sede del gremio empresarial.
Según el auto judicial, la acción popular cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, por lo que se ordenó su admisión y la activación de los procedimientos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de la misma normativa. Esto permitirá a la Cámara de Comercio ejercer su derecho a la defensa, así como a la Procuraduría Regional de Norte de Santander intervenir en representación del interés público.
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El juzgado notificó la decisión a la entidad demandada y otorgó un término de diez días para su contestación. Se espera que, dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del traslado, se emita un fallo preliminar sobre el caso. La comunidad también fue invitada a intervenir en el proceso como terceros interesados.
Demandas del accionante
En la acción popular, admitida el viernes 25 abril 2025, Proceso 540013103005202500076, el empresario y constructor Luis Alfredo Quintero alega que la Cámara de Comercio habría vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa al adelantar el proyecto inmobiliario. Entre sus pretensiones, solicita al juez ordenar la suspensión inmediata del proceso de contratación abierto mediante la Convocatoria No. 015 de 2025.
Asimismo, exige la reversión de todas las operaciones ejecutadas hasta la fecha, incluyendo la compra del terreno y los pagos de honorarios y avalúos, por considerarlos presuntamente ilegales. En caso de que esta reversión no sea viable, Quintero solicita a la Contraloría General de la República investigar un posible detrimento patrimonial y recuperar los dineros públicos involucrados.
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También pide que la Fiscalía General y la Procuraduría General inicien procesos sancionatorios contra los funcionarios responsables.
El proyecto inmobiliario promovido por la Cámara de Comercio busca levantar una segunda sede en Cúcuta, con una inversión estimada en 40.000 millones de pesos. De acuerdo con Quintero, los fondos empleados provendrían de recursos públicos de destinación específica, lo que vulneraría las disposiciones legales que rigen a la entidad, cuya función principal es el registro mercantil.
El accionante argumenta que la iniciativa prioriza intereses particulares sobre las necesidades reales de la región, comprometiendo recursos públicos en una obra que, sostiene, no se ajusta a la naturaleza jurídica de la Cámara de Comercio.
La defensa de la Cámara de Comercio: "Todo está amparado en la ley"
Frente a las acusaciones, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, defendió la legalidad y necesidad del proyecto. Explicó que la nueva sede contará con nueve pisos, incluyendo dos niveles de parqueaderos, una infraestructura que actualmente hace falta en la entidad.
La construcción abarcará 8.000 metros cuadrados e incluirá un auditorio con capacidad para 900 personas, divisible en tres salas de 300 asistentes cada una.
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Castillo precisó que del monto total del proyecto, solo 9.000 millones de pesos provendrán de aportes de empresarios afiliados, mientras que el resto será gestionado mediante recursos del Ministerio de Comercio y otras fuentes de financiamiento.
Además, señaló que la nueva sede permitirá albergar hasta cuatro oficinas oficiales de distintas entidades públicas, consolidando así un espacio de servicio y gestión para el desarrollo empresarial y económico de la región.
El dirigente gremial explicó que la nueva edificación contará con nueve pisos, de los cuales dos estarán destinados a parqueaderos, una necesidad que actualmente no está cubierta.
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