El ambiente que se respiraba ayer en Cúcuta, tras conocerse de la aprobación de la política pública de vendedores informales por parte del Concejo, era de esperanza, pero al mismo tiempo de gran expectativa en el entendido de que treinta años después se logró constituir un instrumento de valido cumplimiento.

Era un sueño y un anhelo de todos en la capital nortesantandereana, porque con esta herramienta jurídica y confeccionada en derecho la administración del alcalde Jorge Acevedo podrá proceder en el marco del respeto y el diálogo, por fin, a poner orden en el espacio público de Cúcuta.

Han pasado décadas con andenes y calzadas en medio del desorden que se genera de una ciudad donde este fenómeno de la informalidad no había sido controlado por los distintos gobiernos de turno.

Las últimas administraciones de María Eugenia Riascos, Donamaris Ramírez, César Rojas y Jairo Yáñez, poco o casi nada avanzaron en la confección de la política pública y por ello había incertidumbre sobre su cristalización.

El secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, en cuyo despacho estuvo el liderazgo de la política, aprovechó las bases en que se avanzó en la anterior administración y procedió a enriquecerla jurídicamente, yendo a conocer experiencias  en capitales como Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, entre otras, para robustecer el proyecto en las novedades positivas y de éxito.

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No fuimos a copiar textos de proyectos, lo que sí hicimos fue acoger las experiencias exitosas de ciudades en donde la política pública de vendedores informales ya lleva en funcionamiento más de 10 años, dijo Castellanos en franca alusión a los que desinforman en redes sociales.

Una vez diseñado el proyecto de la política pública la presentamos al Concejo para que allí también se debatiera y se diera toda la participación a los distintos actores, incluidos los órganos de control y gremios de comerciantes y empresarios. (Ver recuadro del ABC de la Política).

Fruto de la participación que se concedió a todas las partes y de los consensos que se dieron fue que por unanimidad el Concejo la aprobó, mencionó Castellanos.

Aclaró que para los que piensan que la política pública se hizo y se aprobó para salir a perseguir a los vendedores informales están equivocados. 

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“Nosotros no nos vamos a salir de lo que nos ordena la ley. La Corte Constitucional señala que tenemos que reconocer la confianza legítima de los vendedores informales en aquellos que lleven un mínimo de cinco años en el espacio público, por eso va a ser importante la caracterización que se tiene que hacer”, explicó el funcionario.

Castellanos reveló que la política va a ser una solución integral, en especial con las personas que en realidad viven del trabajo de las ventas informales en las calles y que están en estado de vulnerabilidad, contrario de aquellas personas que viven de cobrarles a los vendedores informales por el espacio público, los que venden el puesto de trabajo y que cada 15 días o cada mes pasan recogiendo una cuota por ese espacio.

Reiteró que la reubicación de los informales es la última fase que se cumple con la política, no sin antes haberles ofrecido una reconversión laboral, oportunidades educativas, una capacitación, cero cobro por los puestos de trabajo. Nosotros no vamos a salir a perseguirlos para quitarles la mercancía, quienes dicen eso están desinformando, esa no es la filosofía de la política pública, subrayó Castellanos.

Puntualizó que lo que sí va a suceder y así se debatió en consenso con ellos es que se va a recuperar el espacio público para los cucuteños. Dijo que a los vendedores se les va a llevar a espacios públicos concertados, para que puedan seguir ofreciendo sus productos y devengando su sustento para sus familias.

Voces
Carime Rodríguez
Presidenta del Concejo

Hoy hay que enviarles un mensaje de tranquilidad a los vendedores informales de Cúcuta. Porque desde el Concejo les dimos todas las garantías a todos los actores que involucran la política pública de vendedores informales.

Rodríguez confirmó que a todos los representantes de las distintas asociaciones se les escuchó y así está en las actas, lo que quiere decir que todos tuvieron participación en las discusiones del Concejo,  porque todas fueron públicas.

Incluso los presidentes de Juntas de Acción Comunal también contaron con participación, dijo Rodríguez.

Esta política pública –dijo la presidenta del Concejo- la necesita Cúcuta, es la ciudad entera la que  reclama el orden de la ciudad y esta es la herramienta para que el municipio empiece a trabajar en esta

dirección.

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Inaldo Martínez
Vicepresidente de la Cooperativa de vendedores informales de Cúcuta

Nosotros fuimos testigos y participamos en todas las mesas de trabajo. A todos se nos compartió e invitó a las sesiones. A todos se nos notificó y brindó las garantías sobre el proyecto de política pública. La Administración municipal en ningún momento se ha negado a dialogar con nosotros. La Política pública la venimos trabajando desde años atrás de la mano con la administración municipal, dijo Martínez.

Agregó que la política pública va a respetar la legítima confianza de aquellos vendedores que lleven más de cinco años en el espacio público.

“Damos tranquilidad a los socios de las agremiaciones que a nadie van a reubicar arbitrariamente ni por represión. Es en lugares dignos”, enfatizó el vicepresidente de la cooperativa de vendedores informales de Cúcuta.

Puntualizó que la Política pública de vendedores informales contempla puntos especiales y tendrá vigilancia especial por los próximos 10 años.  Ninguna persona tiene derecho a cobrar por el espacio público porque es de todos, añadió.

ABC de la política

A: Aprobación y  Antecedentes

El Concejo Municipal de Cúcuta aprobó la Política Pública de Vendedores Informales, una hoja de ruta con visión a diez años para la recuperación, reorganización y reubicación del comercio informal en el espacio público. Esta política no solo está dirigida al control de los vendedores ambulantes, sino que busca el beneficio integral del entorno urbano para todos los ciudadanos.

La iniciativa comenzó su construcción en 2022, y aunque fue presentada al Concejo en 2023, no se debatió en ese momento. Fue la administración del alcalde Jorge Acevedo la que retomó el proceso y, bajo su liderazgo, impulsó la discusión y aprobación del documento, tras siete debates en los que participaron actores clave como la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo. 

B: Bases de concertación  y participación

La política se construyó mediante 34 mesas de trabajo que involucraron a todos los actores del espacio público. Además, se adelantaron acciones de control con apoyo de la fuerza pública, mientras se trabajaba en el fortalecimiento de la propuesta, todo esto, en el marco de la regulación y organización del espacio público.

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Según el secretario de Gobierno del municipio, Miguel Castellanos, esta política no empieza “con garrote”. Enfatizó que hay mucha desinformación y que no se trata de una persecución ni de una prohibición del derecho al trabajo, sino de una transición concertada y jurídica hacia un uso más ordenado y equitativo del espacio público.

C: ¿Qué viene ahora?

Las primeras acciones incluyen la caracterización detallada de los vendedores informales. Aunque se cuenta con una base de datos de 3.057 personas, se requiere saber cuántos son migrantes, en qué condiciones viven, qué venden y cuánto ganan. Esta información permitirá decisiones más efectivas y justas.

Otro equipo se va a encargar de la implementación de la política pública y otro equipo adelantará las jornadas organización y control del espacio público. “Hay cosas que ya no aguantan más la gente”, aseguró Castellanos. Se refirió a problemáticas como los carreteros ocupando vías, andenes bloqueados con mercancía, altos parlantes generando ruido, y la competencia desleal entre comercio formal e informal.

La meta es convertir el centro de Cúcuta en un entorno seguro, ordenado y accesible para todos los ciudadanos, incluyendo a personas con movilidad reducida. “El espacio público no es de unos pocos, es de todos”, concluyó el alcalde encargado.

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