Durante los últimos tres años, la Contraloría Municipal de Cúcuta afrontó una de sus etapas más desafiantes, pero también más transformadoras, como quiera que su titular Oscar Sandoval Blanco llegó al cargo sin padrinos en la alcaldía y en el Concejo.

En diálogo con La Opinión, Sandoval, quien el 31 de diciembre abandonará el cargo, hizo un detallado escrutinio ante el Concejo de lo que fue su gestión al frente del órgano de control fiscal.

A su juicio, que dejó resultados en certificaciones nacionales, hallazgos fiscales, desempeño institucional y, lo más importante, la recuperación de la confianza ciudadana en la institución.

Puede leer: Uribismo convoca a marchar por Álvaro Uribe el 7 de agosto

¿Cómo encontró la Contraloría cuando asumió el cargo y cuál era el reto inicial?

Recibimos una Contraloría con múltiples limitaciones: una planta agotada, riesgo de descertificación institucional, baja cobertura operativa y un ambiente ciudadano de escepticismo. Pero también encontramos un gran equipo humano y la oportunidad de liderar un proceso de transformación. Nuestro reto era técnico y simbólico: reconstruir la legitimidad del control fiscal territorial, hacerlo útil, moderno y cercano a la ciudadanía.

¿Cuál fue la hoja de ruta para lograr esa transformación?

Lideramos la formulación e implementación del Plan Estratégico 2022–2025 “Compromiso de Todos”, que trazó nueve objetivos estratégicos articulados entre lo técnico, lo institucional y lo ciudadano. A junio de 2025, el plan tiene un cumplimiento del 91,15 %, y si se mantiene el ritmo, cerraremos con ejecución total. Todo esto bajo principios de integridad, innovación, vigilancia preventiva y participación social.

¿Cómo es eso de las certificaciones nacionales?

Obtuvimos resultados sobresalientes en la Certificación Anual de la Auditoría General de la República (AGR):
• En 2022, alcanzamos el puesto 6 a nivel nacional entre 67 contralorías territoriales(89,9 pts.)
• En 2023, subimos al puesto 2 (94,1 pts.) siendo reconocidos como referente nacional.
• En 2024, pese a una reestructuración de planta, conservamos calificación sobresaliente con 87,1 pts.

Además, en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de Función Pública pasamos de 68,7 puntos en 2021 a 90,3 puntos en 2024, siendo la mejor entidad territorial evaluada en Cúcuta, y la segunda en todo Norte de Santander bajo el modelo MECI. Esa evolución es prueba de que hicimos las cosas bien, incluso con una planta mínima de apenas 18 funcionarios.

¿En concreto, cuáles fueron los resultados en materia de control fiscal?

Entre 2022 y el primer semestre de 2025, identificamos 259 hallazgos administrativos, de los cuales:
• 42 tuvieron incidencia fiscal, por un presunto detrimento superior a $1.139.134.731.250 (un billón ciento treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro millones setecientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos.
• 69 con posible responsabilidad disciplinaria trasladados a la procuraduría general de la nación.
• 11 con presunta incidencia penal, trasladados a la Fiscalía General de la Nación.
Logramos 16 beneficios cuantitativos del control fiscal por un total de $894.685 millones, equivalentes a 91 veces el presupuesto ejecutado de la Contraloría. A esto se suman 30 beneficios cualitativos, como mejoras contractuales, correctivos en políticas públicas y fortalecimiento institucional en entes vigilados.

¿Qué pasó con el caso del contrato 030?

La Actuación Especial de Fiscalización se realizó sobre el contrato 030 de 2006, celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A. E.S.P. (EIS Cúcuta) y la empresa Aguas Kapital Cúcuta S.A. E.S.P.

Esta actuación fue posible gracias al apoyo técnico y especializado de expertos en servicios públicos domiciliarios, proporcionados por la Fundación para la Defensa de los Intereses Colectivos – Funprodeco, en cabeza del profesional Hermann Garrido Prada, reconocido por su experiencia en la defensa de derechos colectivos y asuntos estructurales del sector público domiciliario.

Debido a la magnitud y complejidad del caso, así como a la gran carga operativa y las limitaciones estructurales de la Contraloría Municipal de Cúcuta, tomé la decisión, como Contralor, de manera responsable con la ciudad, de solicitar a la Contraloría General de la República que asumiera este proceso mediante la figura de intervención funcional excepcional.

Esto significa que el juicio fiscal correspondiente será adelantado directamente por la Contraloría General de la república, con base en los hallazgos, insumos y soportes técnicos entregados por nuestro equipo de trabajo. La decisión fue tomada con total transparencia y con el objetivo de garantizar que un caso de esta dimensión avance con la rigurosidad y profundidad que exige la defensa del patrimonio público y los derechos de la ciudadanía.

Lea además: Esto costaría reanudar el servicio de transporte escolar fluvial en Tibú

¿Cuántos procesos fiscales logró aperturar directamente la Contraloría Municipal durante su administración?

Impulsamos 22 procesos de responsabilidad fiscal durante las tres vigencias a todos los sujetos de control, incluidos alcaldía, Imsalud, Imrd, Empresa de servicios públicos, etc, que representan un presunto detrimento de $30.343 millones. De estos, $6.221 millones fueron asumidos posteriormente por la Contraloría General de la República (CGR), quedando en trámite en la Contraloría Municipal de Cúcuta $24.122 millones. Otros procesos —como mencioné— no pudieron ser aperturados por decisiones técnicas, cuyos hallazgos asciende a $1,1 billones, y que actualmente está siendo tramitado por la Contraloría General de la Republica.

Aun así, todos los informes fueron técnica y jurídicamente sustentados, entregados a los entes competentes y socializados con la ciudadanía.

¿Aparte del trabajo de fiscalización directo de la Contraloría, cómo fue la interacción con la comunidad?

Implementamos herramientas innovadoras como “Ojo Ciudadano”, creamos el Comité de Control Social, adoptamos el GAT versión 4.0, actualizamos el Proceso Administrativo Sancionatorio y capacitamos a nuestros auditores bajo estándares internacionales ISSAI. Todo esto con solo 8 profesionales de planta, lo que demuestra el nivel de compromiso y resiliencia del equipo.

Con estas estrategias logramos que la comunidad se vinculara en la vigilancia de las obras públicas, lo cual resultó fundamental en el control social y de fiscalización que se emprendieron en los 3 años y medio que estuve en el cargo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.