La comunidad indígena motilón-barí completa 48 horas de protesta en el centro de Cúcuta. La causa de estas manifestaciones radica en el incumplimiento del Gobierno nacional a la sentencia T-052 de 2017, en su orden tercera, que ha impactado de manera negativa a cerca de 4.000 personas pertenecientes a esta etnia.
Entre los puntos que esperan discutir con el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial se encuentran la delimitación de sus territorios para poder ejercer sus actividades de caza y pesca, así como el acceso a saneamiento básico, ya que han estado expuestos a problemas de salubridad.
En el pliego de peticiones también reclaman avances en temas como la protección de sus territorios, la atención y reparación a víctimas, y el cumplimiento del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Pacto Catatumbo, que fue firmado por los 23 caciques barí, pero cuya implementación aún no muestra avances.
De igual manera, solicitan la inclusión de un apartado denominado Plan de Vida, en el que plantean gobierno y justicia propia, así como la asignación de recursos para el Sistema de Salud Propio e Intercultural (Sispi), el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP) y las Entidades de Carácter Especial Indígena (ETIs).
Asimismo, uno de los temas que genera mayor preocupación en la comunidad ancestral es el recrudecimiento del conflicto armado en sus territorios.
Los más de 900 integrantes de esta población entre ellos niños, mujeres y adultos mayores se asentaron desde ayer en la mañana frente a la Gobernación de Norte de Santander, donde sostuvieron un diálogo con el mandatario departamental, William Villamizar. El gobernador declaró que estarán atentos a los requerimientos de la comunidad y manifestó su compromiso de servir como interlocutor ante la Presidencia. Posteriormente, los manifestantes se trasladaron al parque Cúcuta 300 años, donde pasaron la noche.
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El Alto Consejero para la Paz y Reconciliación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, afirmó que la Gobernación está desarrollando las medidas de emergencia humanitaria primaria, para garantizar una estadía digna a esta comunidad.
"El diálogo tiene que ser con (el presidente) Petro, no con delegados", dijeron.
El representante legal de la Asociación Ñatubaiyibari, Juan Titira, ratificó que se mantendrán en Cúcuta a la espera del presidente de la República y, de no recibir atención, llevarán a asamblea la opción de trasladarse a la capital del país. “La decisión de ir a Bogotá será tomada en asamblea”, dijo.
La directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, Roquelina Blanco Moscarella, fue designada por el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, para atender la situación.
Sin embargo, el coordinador de Derechos Humanos de la comunidad barí, Alexander Dora Dora, precisó que no esperan el arribo de mesas técnicas con viceministros a la ciudad. La exigencia es que el presidente Petro y el equipo ministerial completo atiendan directamente sus planteamientos.
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