Petro anunció la designación de Danilo Rueda como nuevo comisionado de paz. Como el de Leiva y el de Velásquez, el nombramiento de Rueda no es una buena señal. Viene de ser director de una oenegé que justifica la violencia guerrillera y que miente para sostener que esas guerrillas “son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada”.

Un par de días más tarde, Petro dijo que Cuba será la sede de los diálogos con el Eln. Que se siente con los elenos no sorprende. Lo anunció en campaña. Que sea en la isla sí debería generar rechazo: los cubanos viven una etapa de feroz represión interna y su peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética. Habría otros lugares para negociar sin alimentar la tiranía.

La duda es si un diálogo entre el Eln y el gobierno de Petro, que fue del M19, y su comisionado, que justifica la violencia guerrillera y de quien se sostiene que ha sido “muy cercano” a los elenos, no es uno de yo con yo. O casi. Es decir, la pregunta es si Petro y su comisionado serán capaces de defender al Estado y a la sociedad colombiana en sus conversaciones con el Eln o si serán proclives a concederle a ese grupo lo que pidan, a costa de los derechos, libertades y los impuestos que pagamos los ciudadanos. Los auspicios no son nada buenos.

Por otro lado, Rueda anunció que “la idea [del nuevo gobierno] es un proceso de paz con muchos procesos simultáneos”. Negociaciones no solo con el Eln sino con todos los grupos armados ilegales en paralelo.

Surgen acá nuevas cuestiones. Una, si esas negociaciones fueron pactadas en las visitas del hermano de Petro, de Rueda y de Piedad Córdoba a las penitenciarías durante la campaña. Es decir, si son desarrollo de lo que se llamó en los medios el pacto de la Picota. Aunque por mucho menos los jueces enviaron a la cárcel a docenas en el marco de los juicios de la parapolítica, no me sorprendería que ahora ni siquiera se iniciaran procesos. El doble estándar en estos asuntos ya es norma. Los jueces tienden a mirar solo por el ojo izquierdo. Pero la inacción del sistema judicial no debería impedir la veeduría ciudadana. Por otro lado, hay que estar atentos a lo que se hable y conceda a los grupos violentos exclusivamente narcotraficantes.

El riesgo de convertirnos en un narcoestado está a la vuelta de la esquina. Petro y la izquierda que gobernará a partir del 7 de agosto han hecho ataques furibundos a la extradición, intentaron impedir el envío de Otoniel a los Estados Unidos, ofrecieron “perdón social” para todos los delincuentes y “una JEP para el narcotráfico” con “beneficios jurídicos”, se sentaron con los capos encarcelados no sabemos si a cambio solo de apoyos políticos para las elecciones o también de algo más, dijeron que no harán erradicación forzada ni permitirán el uso del glifosato ni siquiera en la erradicación manual, y ahora han anunciado proyectos de ley no solo para permitir el uso recreacional de la marihuana sino para la legalización de todas las drogas ilícitas, cocaína inclusive. Como guinda del pastel, nombran en el Ministerio de Defensa a un enemigo de las Fuerzas Armadas, que tienen precisamente la tarea de combatir a violentos y delincuentes.

Ya el expresidente Pastrana había advertido que “el narcotráfico y los carteles de la contratación pública no pueden estar amparados por un paraguas de perdón e indulto presidencial” y que es indispensable que haya unas “líneas rojas” ante la criminalidad.