La reciente visita del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, a Cúcuta para participar en el Foro “Violencia Urbana” generó muchas reacciones. En particular, la propuesta del ministro de aumentar el alumbrado público, e instalar cámaras de seguridad, merece especial atención puesto que el Ministro sostuvo que "instalar alumbrado público en una esquina disminuye automáticamente los delitos en esa esquina". Por lo que se mostraba muy optimista que los indicadores de seguridad mejoraran cuando estas estrategias se implementen.
Sin embargo, es evidente que los delincuentes simplemente se trasladan a otras áreas menos iluminadas. Un ejemplo emblemático de este enfoque fallido es lo que sucedió en Bogotá durante el mandato de Enrique Peñalosa. En 1998, desmanteló el Cartucho, lo que no resolvió el problema, sino que lo desplazó. En su segundo mandato, en 2016, repitió la estrategia en el Bronx, dispersando el consumo de drogas y la criminalidad por toda la ciudad, y beneficiando, en últimas, a firmas constructoras interesados en estos valiosos terrenos del centro de la ciudad.
Esta idea se basa en la teoría criminológica de la disuasión (deterrence, en ingles), que plantea que los delincuentes actúan según una evaluación costo-beneficio: si el riesgo de ser atrapados es mayor que el beneficio del delito, se desmotivarán a actuar. Así, el alumbrado y las cámaras incrementan la visibilidad y el monitoreo, lo que eleva la probabilidad de detección y disuación. En efecto, existe evidencia de algunas ciudades redujeron sus índices de criminalidad hasta un 26% tras la mejora del alumbrado público en zonas conflictivas. No obstante, estos estudios se realizaron en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, bajo entornos muy distintos a la compleja realidad de Cúcuta, lo que hace poco probable que estas medidas obtengan el mismo éxito en nuestra ciudad.
En buena hora algunas personas le recordaron al Ministro Velasquez que Cúcuta es un territorio donde operan 25 bandas criminales, 4 bandas transnacionales, guerrillas y grupos paramilitares que ejercen control sobre vastas áreas urbanas y rurales donde no es posible colocar cámaras. En este contexto, las masacres, la trata de personas y espantosos atentados como el ocurrido en el colegio Santo Angel no se resuelven con estrategias disuasivas. Las amenazas a los periodistas no terminarán ni “Los Porras” o los “AK 47” dejarán de delinquir porque haya más cámaras, que probablemente solo beneficien a las empresas que las venden. Además, muchos delitos de bajo impacto son cometidos por personas vulnerables, tanto locales como migrantes, que deciden delinquir en medio de un contexto de vulnerabilidad producto del hambre o adicciones. Si son capturados, su destino serán cárceles saturadas y dominadas por bandas criminales como el Tren de Aragua o el mismo ELN que alimentan sus rentas criminales de esa población carcelaria abandonada por el estado.
Probablemente el desubique del Ministro de Defensa se deriva de la misma ambigüedad de la política de seguridad del gobierno de Petro “Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026”. Su enfoque de "seguridad humana" no logra establecer una distinción clara entre los problemas que requieren diálogo y aquellos que exigen la aplicación de la ley. No obstante, es muy positivo el esfuerzo de la Fundación Progresar y sus aliados por llevar a cabo este tipo de eventos, que permiten intercambiar ideas e identificar a los desubicados en los aspectos fundamentales en una politica de seguridad en una ciudad donde la alta visibilidad de la violencia indica una gran competencia entre grupos criminales y una fragmentación de la respuesta estatal.
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