Supremamente refrescante ver una iniciativa gubernamental transformacional sin necesidad de polémica, la Ley de Inteligencia Artificial. Min Tic acierta con una ley pensada para Colombia, si bien tiene inspiración de éxitos como Corea del Sur, no comete el error de copiar la legislación europea o estadounidense. A parte de detallar definiciones que serán útiles en el desarrollo regulatorio y jurisprudencial, la ley hace énfasis en implementación. Más allá de facilitar los modelos de lenguaje de gran tamaño para enriquecer el aprendizaje de algoritmos locales, esta ley permitirá organizar los datos del estado y del país. Su resultado no solo debe ser mejor gobierno, sino uno que otro unicornio empresarial.
Una de las grandes frustraciones de los que propendemos por la eficiencia estatal, es la falta de compartición de la información entre entidades. Muchas veces se deriva de vanidades de poder, en otros por pereza administrativa, pero la principal barrera es la falta de claridad en habeas data. Además, algunos privados que administran bases de datos públicas tienen la osadía de pensar que la información es de su propiedad.
Si el estado compartiera información, se podría hacer el SISBEN sin encuesta actualizado en tiempo real. La depuración del SISBEN se logró gracias al intercambio de información entre Min Hacienda y DNP, lo demás murió en conceptos jurídicos. Que útil sería cruzar los puntajes del SISBEN con el RUNT, para saber cuántos subsidiados tienen múltiples vehículos. Con más información, menor seria la pobreza. Si la información de cada ciudadano estuviera albergada en una carpeta digital, se eliminarían miles de trámites estatales, inexplicablemente el gobierno anterior frenó ese esfuerzo.
Esta nueva claridad jurídica debe dar paso a la obligatoriedad de compartir información entre entidades públicas; sin embargo, esto debe ser extensivo a los gobiernos territoriales y a las bases de datos públicas administradas por privados. La iniciativa no cae en la trampa de sacrificar el desarrollo económico por paranoia del derecho a la privacidad. Claro, se deben establecer fuertes estándares de ciberseguridad y regular el uso de publicidad en celulares, correos electrónicos y redes sociales. Error seria copiar la legislación europea, en donde se requiere tener permiso para utilizar la información o inclusive pagar por ella, aquí se entiende que usar la información per se no es algo dañino.
La ley entiende que, si toda la información es importante, entonces nada es importante, al jerarquizarla y crear estándares para el anonimato, protege la privacidad sin frenar el progreso del país. Si una persona está buscando tiquetes a Cartagena y le muestran publicidad de un hotel, no es claro cuál es el daño, puede ser hasta útil. Mientras tanto, si una persona tiene alguna enfermedad sexual, esa información debe ser privada siempre. En temas financieros, cero información, resulta en cero crédito. Si el estado mejora la focalización de subsidios más personas saldrían de la pobreza.
El Congreso debe apoyar la ley de inteligencia artificial, considerando que sus dividendos irán más allá de lo económico. Sujeto al debate, el cual traerá mejoras a la iniciativa, que bueno discutir un proyecto de ley sin venganza o polémicas.
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