La democracia no debe ser de apariencia. No se trata de un ejercicio superficial para hacer creer que la mera participación popular en los actos de decisión pública tiene legitimidad suficiente. Esa decisión debe contar con la garantía de que no es producto de un proceso sujeto a manipulaciones y distorsiones propias de finalidades negativas.

Las prácticas viciadas conducen a entramados fraudulentos en la búsqueda del poder en beneficio de intereses propios de clanes excluyentes. Y esa distorsión anula el objetivo de generar condiciones destinadas a fortalecer el desarrollo social con la calidad anhelada.

En el caso de la elección de servidores públicos de todas las instancias —presidente de la nación, congresistas, administradores de la justicia, representantes de las comunidades regionales, líderes comunitarios o voceros de la juventud— se impone proceder con el mayor rigor, a fin de que se exprese sin distorsiones el anhelo de los ciudadanos, de modo que se tomen en cuenta sus aspiraciones de bienestar.

Una elección libre de constreñimientos derivados de la compra de votos u otras transacciones ilegales. Esto equivale a preservar la posibilidad de superar tantos males acumulados, de peso desastroso contra todos.

Las elecciones en Colombia, próximas a culminar, no pueden verse afectadas por nudos tramposos. Por eso no caben reparos a las demandas de aplicar controles para que predomine la transparencia y no se corra el riesgo de alteraciones en los resultados.

Las elecciones también deben contar con espacios para que los candidatos debatan sus propuestas. Debates que no degeneren en agravios ni en narrativas surtidas de versiones destinadas a coronar de estigmas al adversario. Los electores tienen derecho a conocer qué tienen para sus planes de gobierno los aspirantes a la jefatura del Estado. Esas propuestas no pueden ser los lugares comunes de los que algunos de ellos echan mano. La retahíla cargada de revanchismo personalista tampoco constituye una directriz para el manejo de los asuntos del Estado. La exigencia de máxima responsabilidad se impone cuando se plantean programas de gestión para el país.

En lo que va del proceso electoral, el balance deja muchos reparos. La carga recae más en los prejuicios que en las propuestas que tracen nuevos rumbos. El rechazo recurrente a los programas de cambio destinados a erradicar las brechas de desigualdad y la negación de derechos se ha vuelto una práctica rutinaria de la oposición. Y está bien que el desacuerdo prevalezca, pero basado en argumentos libres de recursos deleznables como las mentiras.

Otro punto que debilita a los adversarios de la superación de las crisis que pesan sobre los colombianos es su negativa a corregir el sistema electoral. Si este se renueva, la democracia se fortalece y el derecho a elegir adquiere la legitimidad que debe tener. Y es de lo que se trata: sacar al país de las dudas que ensombrecen los comicios.

Cuando se acude a las elecciones, estas deben aportar avances en la vida de la sociedad en general y no convertirse en una barrera para los avances anhelados.

Puntada

Las nortesantandereanas elegidas para el Congreso están llamadas a formar un frente que promueva nuevas posibilidades para la región.

ciceronflorezm@gmail.com

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