Rafael Pardo, escribió un extenso libro de 747 páginas titulado “La historia de las Guerras. [en Colombia] Desde la conquista hasta nuestros días”, esto es, hasta la narcoguerra que hoy vivimos. Conté, unos 34 períodos de conflictos armados. Es decir, nos ilustra algo que los colombianos conocemos: que hemos sido una nación violenta, en permanente guerra.

Existe coincidencia sobre los orígenes del conflicto colombiano, centrado en el problema de la tierra, en resaltar un segmento de nuestra historia que va de la Ley 200 de 1936, a la Ley 135 de 1961. Pero, yo diría, que el segmento debemos “estirarlo” hasta 2016, con la firma del Acuerdo de Paz y la propuesta de un Desarrollo Rural Integral, que veremos en la tercera entrega.

Ese período representa una transición de posguerra entre una sociedad precapitalista y la tan anhelada modernización capitalista para el sector rural, que aún reclama la llegada de la inversión extranjera y local, para dinamizar el campo. De hecho, quienes participamos en la confección del numeral primero del Acuerdo, reclamamos mayor claridad acerca de cuál sería el rol del mediano y pequeño productor agropecuario, cuando esa inversión llegue. El estudio de suelos de los 32 departamentos y la georreferenciación de las tierras productivas las hicimos desde el IGAC, para que la UPRA, pudiera planificar la inversión que el Ministerio de Agricultura debe hacer.

Pero, volvamos al periodo arriba señalado. El Acto Legislativo 1 de 1936, que reglamentó la Ley 200 de ese año, marcó un hito que aún hoy exaltamos al otorgarle una función social a la tierra, al plantear la expropiación sin indemnización, la extinción de dominio a los predios entregados por el Estado que no hubieran sido explotados, entre otros. Sin embargo, la reforma a la tierra del presidente Alfonso López Pumarejo, que buscó ordenar la legislación y establecer normas claras, se considera que no logró llevar a cabo una reforma agraria para redistribuir esa tierra sino, para concretar la modernización del campo.

Posteriormente, otra gran reforma, la aprobada en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, expidió la Ley 135 de 1961, profundizando los alcances sociales de la 200 de 1936, y creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA-, en 1962.

Posteriormente con el Decreto 59 de 1938, se redefinió la presunción de la propiedad, la explotación económica, entre otros puntos. Miles de aparceros debieron salir de sus tierras por incursiones violentas sobre ellos o por la compra de sus mejoras, por parte de quienes se reputaban propietarios.

Los grandes terratenientes liberales y conservadores, agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-, la Federación de Cafeteros y la Asociación Patriótica Económica Nacional –APEN-, con el apoyo del Congreso, fueron grandes detractores de la Ley 200 y, con la expedición de la Ley 100 de 1944, concretaron su contrarreforma

Hacia la década de los 40, las reformas liberales que reivindicaban a los campesinos y sus tierras, presentaron un retroceso con el advenimiento de los gobiernos conservadores que, de la mano de la Iglesia católica, las veían como reformas comunistas y que desataron el aciago período de la llamada violencia en Colombia, comprendido para algunos entre 1948-1958. Pero, este, es apenas un pico de violencia de los tantos que se han presentado como el ocurrido en los años ochenta o como el que actualmente vivimos, con el ingrediente cruel de las bandas criminales en nuestros campos, convirtiendo a las otrora guerrillas ideológicas, en simples ejércitos guardianes de la producción de drogas y las rutas del narcotráfico.

 Pero no solo dicha violencia se generó por causas ideológicas entre conservadores y liberales. En el medio, estaba la tierra, su despojo, su desigual distribución, la inacabable incapacidad del Estado para definir los derechos de propiedad, factores que, entre otros, han sido determinantes para el surgimiento del conflicto social y armado que aún no cesa.

Pero, parece que en Colombia aquella frase de que “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla” no existe; en 1958, la Junta Militar de Gobierno, constituyó una Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, llamada la “investigadora”, conformada por notables de los partidos políticos quienes en nueve meses produjeron un informe sobre el tema encargado. Se narraron los hechos ocurridos en las visitas, entrevistas e investigaciones realizadas, para entregarlos al gobierno y al país de entonces.

Más de cincuenta años después, año 2014, la Mesa de Paz, creada por el llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, constituyó la llamada Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas que tuvo el encargo de trabajar sobre tres puntos: 1) “los orígenes y las múltiples causas del conflicto 2) Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto 3) Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población”.

En las conclusiones de esta Comisión, se identificó como uno de los orígenes del conflicto en Colombia, “la cuestión agraria”. Similar a las producidas por la Comisión de 1958. Es decir, la tierra: su abandono estatal, su despojo, el desplazamiento y el campesino en medio de este.

Veremos qué propone y en qué va la Política de Desarrollo Rural Integral y el Catastro Multipropósito, últimos hitos propuestos para la redención del campo y los campesinos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .