En el Congreso de la República comenzó a hacer trámite un proyecto de ley estatutaria cuyo propósito es proteger a los habitantes de las zonas de frontera como Norte de Santander, ante los cambios políticos en las relaciones bilaterales y las decisiones que puedan tener una incidencia o afectación directa sobre la población.

El autor de la iniciativa es el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien explicó que de lo que se trata es que los ciudadanos de frontera sean consultados cada vez que se discutan asuntos internacionales que impacten al territorio y que los gobiernos no pasen nunca por encima de la voluntad de la gente.

Quintero puso como ejemplo el más reciente anuncio que se hizo por parte del gobierno de Colombia, con relación a la firma de un memorando de entendimiento con su par venezolano para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo.

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“Lo que proponemos es que este tipo de decisiones no se tomen arbitrariamente desde Bogotá, sino que sean consultadas con la gente y con los habitantes de frontera. No es lo mismo vivir en un territorio fronterizo que en el centro del país, por eso, con este proyecto creamos el estatus del ciudadano fronterizo”, planteó el congresista.

Tal y como quedó consignado en el texto del proyecto que ya fue radicado en la secretaría de la Cámara de Representantes, se identifica como “ciudadano fronterizo” a los colombianos cuyo domicilio principal esté ubicado en zonas de frontera.

Y propone que, “el Estado  reconoce la situación de especial vulnerabilidad de los ciudadanos fronterizos por su interdependencia necesaria con poblaciones limítrofes de los países vecinos. En virtud de ello, el Gobierno Nacional propenderá por prevenir cualquier afectación a sus derechos, brindarles atención indispensable y salvaguardar sus derechos individuales y colectivos”. 

Como consecuencia de esa distinción que se le otorgaría a la población, el proyecto sugiere que esos “ciudadanos fronterizos” tengan derecho a ser consultados, con relación a las decisiones de carácter internacional que les afecten, exceptuando, eso sí, los asuntos de seguridad y defensa nacional.

“El Gobierno Nacional, en la negociación con un país vecino y, en todo caso, antes de la suscripción de cualquier instrumento internacional bilateral que no deba ser sometido a la aprobación del Congreso de la República, consultará la conveniencia de la iniciativa con la población de los municipios o áreas no municipalizadas que directamente puedan verse afectadas, por las medidas de la negociación internacional”, dice el texto de la iniciativa.

Un asunto de soberanía

El autor del proyecto explica, además, que lo que esta ley sugiere es una “salvaguarda” tanto para los bienes jurídicos de las zonas de frontera, como un fortalecimiento de la soberanía nacional.

“La ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, acompañada del cierre de la frontera en diferentes momentos durante la última década, ha generado consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los habitantes”, argumenta el representante de Norte de Santander.

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Y reitera que si bien los tratados y acuerdos bilaterales suelen ser competencia del Ejecutivo, y en algunos casos del Congreso, insiste en que las consecuencias de lo que allí se adopta se viven a nivel local, tal y como sucedió durante el pasado gobierno, en el que los pasos limítrofes estuvieron cerrados durante varios años, generando consecuencias negativas sobre el comercio de esta región.

Por eso, Diógenes Quintero plantea que, permitir la participación de las comunidades en decisiones de política internacional que las impactan, “es una exigencia del derecho internacional contemporáneo y una manifestación concreta del derecho a la libre determinación”.

El congresista explicó que, de aprobarse, la ley aplicaría en todos aquellos departamentos y municipios fronterizos en los que los actos unilaterales de carácter internacional que adopte Colombia con países vecinos  tengan algún impacto.

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