Es incomprensible la actuación del gobierno nacional en relación con la tragedia que se vive en el Norte de Santander causada por grupos delincuenciales difícilmente identificables que actúan en esta región a sus anchas.

Cómo lo anota el académico Orlando Clavijo Torrado en su más reciente columna en este diario refiriéndose a la zona en conflicto, “sobre cuál es en verdad la región del Catatumbo, (y) pocos datos serios y técnicos encontré. La narrativa está contaminada de sesgo ideológico en todas las fuentes. Al parecer con un criterio político se catalogaron estos once municipios como catatumberos, a saber, Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. El Zulia, cuyo río le aporta el mayor caudal al Catatumbo, no figura en tal lista”.

Esto, para señalar que la llamada “región del Catatumbo” es un concepto impreciso que ha llevado a incluir en ella a municipios que no tienen una conexión directa, pero los involucra en el accionar de los grupos armados ilegales para hacer más difícil su control.

El Río Catatumbo tiene una longitud total de unos 450 kilómetros desde su comienzo en el territorio del municipio de Ábrego. No obstante, sus últimos cien kilómetros, antes de desembocar en el Lago de Maracaibo, son el tramo navegable que durante largo tiempo constituyó la vía fluvial que daba salida al mar a la región fronteriza colombo venezolana, tramo que se considera propiamente como el Río Catatumbo. Lamentablemente, por los graves enfrentamientos entre los gobiernos del General Cipriano Castro y del conservador José Manuel Marroquín durante la guerra de los Mil Días, en 1901 se rompieron las relaciones entre los dos países, y por orden del presidente venezolano se prohibió el paso por el río. Creo que desde esa época la cuenca del Catatumbo quedó abandonada a su suerte.

La forma como el gobierno abocó el problema actual del Catatumbo no ha hecho más que prolongar y agravar la situación de los miles de desplazados que han tenido que huir del horror causado por los delincuentes que se apoderaron de esa región para sus fechorías.

Porque no se necesitaba de un régimen excepcional para ordenar a las fuerzas armadas defender a los ciudadanos y ejercer control sobre la zona; ni para que las diversas agencias del Estado actuaran para aliviar la situación de las familias afectadas. Contrasta esta indolencia con la agilidad como la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES gastó y desapareció miles de millones de pesos para la supuesta urgencia de dotar de agua potable a la Guajira.

Como lo han anotado numerosos analistas, no se necesitaba la declaración de conmoción interior para atender esta calamidad, y más parecía una manera de darle largas a la solución, no se sabe con qué finalidad recóndita. Es como si se deseara que la Corte Constitucional tumbara los decretos para señalar a otro culpable de la tragedia.

Con los acontecimientos de los últimos días que han puesto en evidencia la inoperancia del gobierno, cabe preguntarse qué responsabilidad política les cabe a los funcionarios que paladinamente abandonan sus obligaciones frente a los graves problemas de esta sufrida la región.

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