La muy anunciada reforma a la salud nos cayó como una baldado de agua fría. La ministra Corcho no solo dijo una cosa para hacer otra con las EPS, sino que también hizo oídos sordos de las opiniones de sus compañeros de gabinete como la Ministra de Agricultura -exgerente del desaparecido ISS- y el de Educación – exminsalud - quienes expresaron públicamente que nada de lo que manifestaron al interior del gobierno fue tenido en cuenta.

Adicionalmente, las palabras del Presidente Petro fueron borradas sin compasión cuando, al término de una entrevista con los presidentes de las EPS, dijo que estas entidades privadas no se eliminarían sino que se adaptarán al nuevo esquema de salud. El Ministro del Interior, ese mismo día afirmó: “El proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS y tampoco les pone un término de transición de subsistencia”.

Pero, al leer el texto de la reforma, desaparecen. Esto dijo ACEMI al conocer la reforma: “Decir que las EPS son prestadores de servicios de salud, equivale a eliminarlas. Mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, el proyecto fragmenta sus funciones y las divide en diferentes entidades, lo cual podría generar un caos dentro del sistema”.

El dinero de la salud, 70 billones al año, será administrado y girado por una entidad pública, el ADRES. Y la puerta de entrada al sistema ya no serán las EPS sino unas entidades que hoy no existen, los CAPIRIS, que se crearán en todo el país. La transición de un sistema a otro es incompleto y confuso. No da las claridades y garantías necesarias para que los colombianos estemos tranquilos con este salto al vacío propuesto por el gobierno.

Los temas que hoy preocupan a los colombianos del sistema de salud, como la rapidez en la atención de citas y procedimientos o la disponibilidad de medicamentos, no se resuelven con esta reforma que, además, crea unos nuevos de magnitudes impredecibles al hacer depender la salud de los colombianos de entidades públicas. Un regreso al pasado del llamado Seguro Social que fue un fracaso por su ineficiencia y corrupción.

Pero lo más preocupante es el artículo 152 del proyecto del gobierno que le otorga facultades amplias al Presidente de la República para que modifique el sistema de salud, aun por encima de lo aprobado en el Congreso.

Esta reforma se presenta en un momento especial de la vida nacional. Primero, la caída notoria de la popularidad del gobierno en las últimas encuestas. Segundo, la cercanía de las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Esto le da al gobierno amplio margen de maniobra frente a las bancadas que lo apoyan. Y tercero, un clamor nacional, incluso en las calles, pidiendo posiciones serias y documentadas para evitar un salto al vacío y, a cambio, hacer los ajustes y mejoras a la salud sobre el camino recorrido. Se necesita una reforma, pero no ésta. La reciente encuesta dada a conocer por la ANDI da luces claras de los aspectos a mejorar. Los colombianos no piden un nuevo sistema de salud. Piden que el que tenemos funcione mejor y reconocen sus resultados.

Por eso esperamos que se dé un debate amplio y con presencia de todos los sectores. Que no haya vetos por parte del gobierno de ningún sector. Aquí lo que está en juego no es la ideología del gobierno o su prestigio. Están en juego los planes de salud de 50 millones de colombianos.

Se abre pues un nuevo camino en esta discusión de la salud en Colombia y esperamos que el Congreso de Colombia sea democrático y razonable.