Hay debates que incomodan precisamente porque obligan a decir en voz alta algo que muchos prefieren maquillar. Uno de ellos es el tema espinoso que hoy rodea a las universidades ante el evidente cambio de paradigma: ¿los estudiantes siguen siendo alumnos o se convirtieron en clientes?
La pregunta parece sencilla, pero detrás de ella existe una transformación profunda de la educación superior, especialmente en el sector privado. Porque cuando una universidad empieza a hablar más de indicadores de experiencia y permanencia que de exigencia académica, cuando la preocupación por retener matrículas empieza a pesar más que el mérito y cuando el estudiante pasa a ser visto como un ingreso recurrente dentro de la estructura financiera, algo estructural cambió. Y no necesariamente para bien, ¿qué profesionales estamos formando?
La educación superior en Colombia, jurídicamente, continúa siendo entendida como un servicio público con función social. Pero en la práctica, muchas instituciones hace años comenzaron a competir bajo dinámicas propias del mercado: campañas agresivas de captación, financiamiento inmediato, sedes convertidas en vitrinas comerciales y programas académicos diseñados más desde la demanda comercial que desde las verdaderas necesidades del entorno productivo y profesional del país.
En conversaciones con mi padre, docente universitario de toda una vida en la Universidad del Norte desde la década de los 80, hemos comparado la realidad académica que él vivió con la que hoy me corresponde enfrentar como docente. Y el cambio es evidente. No solo ha cambiado la mentalidad de los estudiantes; también se percibe una transformación en las directivas y en el modelo mismo de formación.
Antes, la exigencia y la disciplina hacían parte esencial del prestigio universitario. La academia era reconocida precisamente porque preparaba profesionales capaces de afrontar las contingencias del mundo real bajo estándares altos y con rigor intelectual. Hoy, en muchos escenarios, pareciera existir una libertad académica condicionada por el temor al voz a voz, a las evaluaciones institucionales, la evaluación docente o incluso a la pérdida de matrículas.
Lo más preocupante es que ya no pocos estudiantes, y lo escuché incluso entre compañeros de MBA, asumen que no están pagando por aprender, sino simplemente por obtener un título. Y ahí aparece el verdadero problema.
La educación superior entendió hace años que el conocimiento también podía convertirse en un modelo de sostenibilidad financiera, y desde entonces algunas instituciones comenzaron a administrar matrículas con más preocupación que vocación académica. El inconveniente no está en que una universidad sea financieramente sostenible; eso es necesario. El problema aparece cuando el criterio económico empieza a condicionar el criterio académico “que pase, igual ya pagó, ¿no?”. Porque ojo con esto, quien se siente cliente difícilmente acepta la contradicción, la exigencia o el fracaso, aun cuando precisamente ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje.
La relación con el conocimiento cambia completamente cuando el estudiante deja de verse como alguien en formación y empieza a asumirse como consumidor de un servicio. Hoy vemos alumnos que interpretan una mala nota como una falla en la prestación del servicio. La culpa es del profesor, que en algunos casos argumentan: “acaso no saben que uno tiene familia, que trabaja, que esta materia es relleno, tanto para leer y eso no sirve de nada”. Al punto, que reclaman resultados académicos como quien exige garantías comerciales, creando instituciones que flexibilizan sus estándares para evitar deserciones o proteger indicadores internos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta qué punto algunas universidades dejaron de formar profesionales para empezar a administrar consumidores?
Porque cuando la permanencia del estudiante depende más de no incomodarlo que de exigirle, la educación empieza a deteriorarse lentamente. Y ese deterioro ya comenzó a reflejarse en el mercado laboral, profesionales sin criterio, con dudas desde lo básico, preguntas de temas tan sencillos o errores de criterio tan primario en las bases que ni para que imaginar cómo estará el concepto de fondo, el que talla los mejores, el que diferencia el éxito del fracaso.
Empresas que reciben profesionales con títulos, pero sin competencias reales. Graduados que dominan el discurso, pero no la técnica. Jóvenes que pasaron años en una universidad, pero que nunca fueron enfrentados al rigor intelectual que exige el entorno profesional. Y lo más delicado: instituciones que entienden perfectamente este fenómeno, pero que financieramente no siempre pueden darse el lujo de endurecer filtros porque dependen del volumen de matrículas para sostenerse.
Ahora bien, tampoco podemos caer en el extremo contrario. Pensar que el estudiante no tiene derechos sería absurdo. Las universidades tienen responsabilidades enormes: calidad docente, infraestructura, actualización curricular, investigación, bienestar y transparencia administrativa. El problema no es reconocer que una persona invierte recursos importantes en su formación. El problema es convertir toda la lógica universitaria en una relación exclusivamente comercial.
El verdadero indicador de una universidad no debería ser cuántos estudiantes mantiene cómodos, sino cuántos profesionales logra formar con capacidad real para enfrentar un entorno cada vez más competitivo, técnico e incierto. La diferencia es enorme. Y esa discusión, aunque incomode, ya no puede seguir aplazándose. Quedo atento derecho@nagama.com.co
*Ley 30 de 1992, Ley 1188 de 2008, Decreto 1075 de 2015 y el Estatuto Ley 1480 de 2011, mucho para leer y más por hacer.
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