El pasado 3 de septiembre continuó en Bogotá el juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La jornada estuvo marcada por fuertes choques entre la defensa y la Fiscalía, luego de que se presentaron videos de su expareja, Day Vásquez, que podrían cambiar el rumbo del proceso.
La defensa apunta a Day Vásquez
Durante la audiencia, el abogado Alejandro Carranza entregó material audiovisual donde se observa a Vásquez en reuniones sociales en una vivienda en Tubará, inmueble que, según la Fiscalía, estaría vinculada con recursos ilícitos.
Para el jurista, estas imágenes evidencian que los bienes nunca estuvieron a nombre de Nicólas Petro.
“Desde el inicio se sabía que la casa de Tubará estaba bajo tenencia de Daysuris del Carmen. Nicolás nunca la tuvo, pero se engaño a la justicia”, afirmó Carranza ante el juez.
Además de cuestionar la validez de los testimonios de Vásquez, la defensa pidió la exclusión de elementos probatorios obtenidos mediante un informante anónimo, cuya identidad y rol no han sido esclarecidos.
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Entre esas pruebas se encuentran:
- Los datos del teléfono de Day Vásquez.
- Informes de la DIAN.
- Intercepciones teléfonicas.
- Reportes financieros.
Carranza denunció que la Fiscalía usó fuentes “engañosas” y que la captura de Petro estuvo plagada de irregularidades. Según él, mientras a Vásquez se le permitió cambiarse antes de ser detenida, a Nicolás se le arrestó con fuerza excesiva e incluso fue grabado desnudo dentro de su vivienda.
Day Vásquez responde
La expareja del acusado reaccionó con molestia al ver que su imagen fue exhibida en plena audiencia. “Usted no está autorizado para utilizar ni videos ni mis fotos, eso no le da derecho a exhibirme y mucho menos en un juicio”, reclamó públicamente.
Por su parte, la fiscal Lucy Marcela Laborde cuestionó el uso de esos vídeos, aclarando que no hacen parte del material probatorio y que su presentación violó el derecho a la intimidad de Vásquez.
Además, rechazó la petición de excluir la declaración de la mujer, asegurando que fue entregada de manera voluntaria y con plena validez jurídica.
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