La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) información detallada sobre el estado del trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negara la cesión del instrumento ambiental y ordenara un nuevo Estudio de Impacto Ambiental como requisito para su ejecución.
La solicitud del ente de control se enmarca en el seguimiento preventivo que adelanta desde 2020 sobre este proyecto estratégico, con el fin de verificar el cumplimiento normativo, la protección ambiental y la transparencia en los procedimientos contractuales.
Además de requerir el estado actual del proceso de licenciamiento, la Procuraduría pidió a la ANI precisar si, como consecuencia de la actuación de la ANLA, se activó el Procedimiento de Información del Evento Eximente de Responsabilidad contemplado en los contratos de concesión.
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También indagó si la decisión ambiental generó la asunción de riesgos contractuales por parte de la ANI o del concesionario a cargo de la obra.
La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios del Ministerio Público solicitó copia actualizada del Plan de Trámites Ambientales, incluyendo las modificaciones que se deriven de la obligación de tramitar una nueva licencia ambiental para el proyecto.
Igualmente, recordó a la ANI su deber legal de garantizar la publicación de todos los documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), como lo establece el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Según la Procuraduría, hasta el momento solo se ha evidenciado en esa plataforma el registro del Otrosí No. 1 posterior al acta de inicio del contrato.
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