En medio del escándalo por la presunta infiltración de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, el presidente Gustavo Petro sostuvo que dichas versiones no corresponden a la realidad.
El mandatario señaló que detrás de estas acusaciones habría un intento de “purgar” a quienes lo han apoyado en la identificación de oficiales del Ejército involucrados en actos de corrupción. Indicó además que, en el marco de ese trabajo, se detectó la entrega de permisos a estructuras criminales para conformar compañías de seguridad.
"Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso", apuntó.
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Petro añadió que ese negocio fue frenado durante su administración y que, como consecuencia, se generó una reacción. Sostuvo que "son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo. En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo. El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve".
Asimismo, manifestó: "Todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Que coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la Fuerza Pública".
Entre esos casos, mencionó el “robo de armas al Ejército en La Guajira” (cuya indagación empezó en mayo de 2024) y la entrega de permisos para crear empresas de seguridad que, según él, terminaron “al mando de criminales”.
El presidente afirmó que la suspensión de ese esquema en su administración afectó intereses económicos de gran magnitud. “El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo”, expresó, al tiempo que señaló que bajo el gobierno anterior “la entrega de permisos legales a criminales fue masiva”.
En su argumentación, también llamó la atención sobre las motivaciones detrás de las denuncias contra los funcionarios mencionados. “Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, escribió, insinuando que la revelación del informe estaría dirigida a deslegitimar las investigaciones internas que, según él, avanzan contra oficiales involucrados en actividades ilícitas.
Al referirse al manejo de información de inteligencia, el presidente planteó que todas las agencias deberían publicar sus reportes “en el tiempo prudencial” para impedir su uso político.
Agregó que los vínculos irregulares entre miembros de la fuerza pública deben romperse de inmediato y que “la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información”. A partir de esas declaraciones, buscó desligar a su Gobierno y a los funcionarios señalados de cualquier nexo con lo encontrado en los dispositivos de alias Calarcá.
