La Procuraduría General de la Nación, abrió una investigación formal para establecer si recae alguna responsabilidad disciplinaria sobre un contrato de asesoría jurídica internacional, suscrito al parecer, por la Presidencia de la República, con la firma de abogados que defienden al presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, luego de ser incluido por la Administración Trump, en la ´Lista Clinton´.
Esta contrato, hoy en la lupa de la Procuraduría, asciende a los $10.000 millones de pesos y fue firmado el pasado 9 de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con la firma ´Amadeus Consultancy Limited´, para “la prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras”.
Según el documento de la Procuraduría, en la revisión preliminar del proceso contractual “se identificaron varios elementos que ameritan evaluación disciplinaria”, entre ellos la ausencia de garantías de cumplimiento pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, así como un esquema de pagos concentrado en un corto periodo de ejecución, pues el contrato termina el próximo 30 de abril.
Lea aquí: Esperamos un hecho de paz del Eln: gobernador y familiares piden la liberación de los cinco uniformados secuestrados en el Catatumbo
Las sanciones de EE. UU. a Gustavo Petro
En medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el pasado mes de octubre del 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones financieras a Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.
Petro, su esposa, Verónica Alcocer; el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como “Lista Clinton”. Esa sanción conllevó el bloqueo de sus activos y propiedades en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de transacción financiera con ellos.
La Procuraduría advirtió que los productos exigidos en el contrato se centran en conceptos, análisis y recomendaciones, “sin que se establezcan resultados verificables ni indicadores de impacto que permitan evaluar la necesidad, proporcionalidad y eficacia del gasto público comprometido”.
También menciona que, en el debate público y en denuncias ciudadanas, se ha planteado que la finalidad real del contrato podría estar orientada a gestionar o influir en procesos relacionados con eventuales sanciones financieras internacionales que afectarían al presidente Gustavo Petro y a su núcleo familiar, lo que, de confirmarse, “podría configurar una grave desviación de poder”.
La indagación fue abierta con el fin de verificar si hubo una falta disciplinaria, sin que por ahora existan personas formalmente vinculadas al proceso, precisó la Procuraduría.
Opositores al mandatario argumentan que la Presidencia está incurriendo en una ilegalidad al usar dinero público para costear la defensa legal de Petro en este caso, que no es un asunto de Estado sino personal.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
