El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton.
El mandatario defendió este sábado 17 de enero el contrato por valor de 10.000 millones de pesos para la defensa de él y su familia, porque es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a los Estados Unidos.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
El presidente respondió de esta manera a un mensaje de la periodista Salud Hernández, que cuestionaba cómo Petro creía que el Estado era su banco personal, como crítica puntual a la operación en Estados Unidos.
Según la información conocida, la presidencia suscribió un contrato directo por 10 mil millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited con fondos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.
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El objetivo de este contrato tiene la finalidad de suministrar asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y su esposa Verónica Alcocer ante las autoridades de los Estados Unidos tras ser incluido en la lista Clinton.
Esta contratación, que ha recibido diversos cuestionamientos de otras figuras de diferentes sectores del país —sobre todo tras la confirmación del mismo Petro—, está desde hace varios días bajo la lupa de la Procuraduría mediante la apertura de una indagación previa.
El ministerio público busca establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos previstos en la normativa de contratación estatal. Además de verificar la legalidad del proceso.
La Procuraduría abrió investigación
Hace un par de días, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa tras la denuncia sobre un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del jefe de Estado.
El recurso fue presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda,luego de afirmar que se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.
La congresista Miranda precisó que el servicio jurídico para el jefe de Estado, que según el abogado Daniel Kovalik (representante legal) era gratuito, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.
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La Procuraduría encontró, en principio, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, mediante la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, por un valor aproximado de $10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
