Tras una demanda instaurada por un veedor ciudadano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó efectuar el traslado de los policías de los CAI involucrados en los presuntos abusos de fuerza durante las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020.
La sala del Tribunal también ordenó a la procuraduría, Fiscalía General y a la Policía Nacional que alleguen un informe actualizado en el que se indique el avance de las investigaciones adelantadas contra uniformados de la Policía Nacional por los mismos hechos.
Y, por último, se ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Secretaría de Gobierno, que elabore un listado de las personas reportadas como víctimas sobrevivientes de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 para que se adopten las medidas de reparación adecuadas en el ámbito de su competencia.
Con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, a decisión se tomó tras estudiar una tutela instaurada por Guillermo Abel Rodríguez, veedor distrital, de las presuntas irregularidades y exceso de violencia presentado en las protestas realizadas el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá.
Para el demandante, “hubo grandes cuestionamientos al ejercicio de la autoridad por parte de la Policía Nacional, así como por diferentes actos vandálicos que terminaron por afectar de manera importante el patrimonio público bogotano”.
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En informes realizados por la veeduría, se demostró la muerte de 10 en los hechos (7 en Bogotá y 3 en Soacha): Javier Ordóñez, Andrés Felipe Rodríguez, Julieth Ramírez Mesa, Jaider Alexander Fonseca, Fredy Alexander Mahecha, Germán Fuentes, Julián Mauricio González, Angie Paola Vaquero, María del Carmen Viuche y un NN masculino.
Tras el estudio del caso, la Sala concluyó que a pesar de que las autoridades están instituidas para proteger a las personas, en las protestas ocurridas en Bogotá, “se presentaron irregularidades en el desarrollo de la protesta social por parte de la Policía Nacional, relacionados con abuso de autoridad”.
Esta decisión también va de la mano al Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, cuyo Relator fue el ex Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera; allí se presentaron la muerte de 14 personas durante las protestas, 11 de ellas a causa del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la policía.
Así mismo, consideró que se presentó el uso indiscriminado de armas de fuego en estas jornadas, que estuvo determinado por falta de lineamientos sobre la retirada de los policiales, la perdida de trazabilidad de mando y la falta de una orden expresa a no disparar.
A pesar de que se iniciaron investigaciones para esclarecer las muertes de las personas durante la protesta, uno de ellos la de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez. Para el Tribunal, “aún no han culminado las investigaciones que contribuyen al esclarecimiento y a las garantías de no repetición”, por tanto, solicitó el traslado de los policías involucrados en los actos y el avance de las investigaciones.
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