Colombia tiene cerca de 10 millones de víctimas reconocidas en el conflicto armado, según datos oficiales. En un país que sigue viviendo los horrores de la guerra, con el crimen disparado, donde pareciera que la vida no tiene ningún valor, la reparación y atención a esta población es fundamental si queremos hablar de paz. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero de 2012 a partir de la Ley 1448 (sobre víctimas y restitución de tierras), por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Para 2024, su presupuesto es de 4.4 billones de pesos. Se trata, sin duda, de una de las entidades del país con más presupuesto y responsabilidades.
Pocos días después de su llegada a la Presidencia, en agosto de 2022, Gustavo Petro nombró a Patricia Tobón Yagarí, una lideresa social indígena de la etnia embera-chamí, nacida en el Resguardo Indígena Karmata Rúa, situado en el Suroeste antioqueño. Tobón es una reconocida abogada, especialista en Derecho Constitucional y máster en Derecho Internacional, que fue parte de la Comisión de la Verdad, creada a partir del Acuerdo de Paz del Gobierno con la extinta guerrilla de las Farc. Nadie como ella para atender a las comunidades que han sido víctimas de la violencia.
Sin embargo, el pasado 22 de abril, Tobón publicó un mensaje en la red social X en el que revela que el presidente Petro le pidió la renuncia. “Con agradecimiento y respeto atiendo el llamado que me hizo el pasado viernes 19 de abril el presidente Gustavo Petro para presentar mi renuncia a la dirección de la Unidad de Víctimas”. El mandatario –quien cumplió años ese mismo día y pidió un día cívico como estrategia para reducir las marchas en su contra–, le pidió a Tobón que diera un paso al costado de una de las entidades más importantes para el Gobierno.
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¿Qué hay detrás de su salida? Este diario habló con fuentes de Presidencia y el Pacto Histórico y las versiones apuntan a que el jefe de Estado no estaba satisfecho con su gestión debido a problemas en la actualización de la Ley de Víctimas en el Congreso, fallas con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y una supuesta baja ejecución presupuestal (que también tendrían otras entidades del Gobierno). Pero las razones de su salida van más allá (ver nota anexa). Tobón nunca se llevó del todo bien con los congresistas de la coalición de Gobierno e incluso denunció en el Congreso y otras instancias que había encontrado presuntas irregularidades a su llegada a la Unidad.
Patricia Tobón, quien se defiende de los cuestionamientos a su gestión y revela que varios políticos llegaron con “intenciones y presiones”, pero según ella, nunca cedió.
¿Cómo se dio su salida del cargo? ¿Habló con el presidente Petro?
“Desconozco los motivos por los cuales me solicitan la renuncia, pero la respeto y la acato. Para mí lo más importante es que esta entidad siga trabajando por las víctimas y, por supuesto, respeto las decisiones del señor Presidente”.
Fuentes de Presidencia nos dicen que uno de los motivos fue el problema de los asentamientos de comunidades indígenas en el Parque Nacional de Bogotá. ¿Es así? ¿Qué ha hecho la Unidad de Víctimas frente a esa situación crítica?
“Eso no es cierto. Aquí se ha logrado un trabajo histórico. Además por el conocimiento que tengo del pueblo embera. El tema del Parque Nacional es que hay cerca de 10.000 personas de esa comunidad que, hasta la fecha, dependen de los subsidios del Estado. Es una situación que precede mi llegada como directora de la Unidad de Víctimas. No son todos los embera, también hay del resguardo del Alto Andagueda, de diferentes ciudades como Bogotá y Medellín y esto viene desde los años 70. Ha ido aumentando porque es una población seminómada que, por la violencia que generó rupturas al interior de su comunidad, no han podido superar la situación de mendicidad y dependen de esos auxilios. Requerimos que muchos de ellos reingresen a sus territorios de acogida. Entonces hemos trabajado en varias vías. Hemos logrado retornar un número muy importante de familias a sus territorios y estamos avanzando en el cumplimiento en lo que compete a la Unidad de Víctimas. Porque la Unidad lo que hace son acuerdos y atiende a alimentariamente una emergencia, pero las demás entidades son las que asumen los compromisos para que las comunidades allí puedan estar en situación de retorno o se puedan hacer los planes de reparación colectiva. En este caso, avanzamos en la carretera de Bagadó.
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Hay una población que está en las ciudades capitales que requiere la reintegración local, pero eso le toca a Bogotá, que no acepta o no está preparada para que esta población se reintegre porque tendría que construir viviendas comunitarias y eso es un debate que hay porque una parte se quieren quedar en la capital. Pero Bogotá no tiene ese enfoque diferencial. Ahí también entran en concurrencia otras entidades, es decir, la Unidad de Víctimas no es encargada de hacer vivienda, vías o empleabilidad. Muchas personas piensan que la Unidad se encarga del cumplimiento del total de órdenes y no. Pero desde nuestra llegada hemos cumplido. Contamos con acuerdos y acciones de reubicación que hemos orientado. En este Gobierno me ha correspondido ayudar en este proceso histórico que no había sido posible”.
Desde que llegó al cargo en agosto de 2022, usted expuso algunas irregularidades y presiones de políticos interesados en una entidad que tiene un presupuesto muy alto. Defensores de su gestión dicen que la reticencia a esos intereses también pudo haber generado su salida. ¿Qué presiones recibió?
“En toda mi experiencia en esta institución llegaron muchas intenciones de esas, pero debo dejar claro que nunca cedí. Yo soy excomisionada de la Verdad, soy una líder social, toda la vida defendiendo los derechos de las comunidades. Mi compromiso aquí era con la ética pública. Entonces nunca me comprometí con ese tipo de acciones y no permití ni cedí a esas presiones. Por el contrario, avancé con acciones anticorrupción, denuncias y la política de víctimas”.
Pero sobre su gestión hay varios cuestionamientos como la baja ejecución presupuestal de la Unidad, retrasos con la reforma a la Ley de Víctimas, fallas en el sistema de reparación integral, entre otras críticas. ¿Qué responde?
“Cuando llegué en el 2022 había una ejecución del 77% y terminamos el año con una ejecución del 99%. En el 2023 tuvimos ejecución del 97% y en el 2024 vamos en 29.8%, cumpliendo con la ejecución eficiente de los recursos e inclusive superamos las metas de indemnización el año pasado. Además, nosotros conformamos algo que se llama el MITI (Modelo de Intervención Integral Territorial Integral): por primera vez las instituciones del Gobierno cuentan con el cruce de toda la información de las Cortes sobre la deuda pública a las víctimas y estamos trabajando en un plan para la superación de la vulnerabilidad de más de dos millones de víctimas. Pero cuando el Gobierno llega enfrenta unos asuntos estructurales, ha trabajado en que el Estado pueda llegar a los territorios, pero también hemos trabajado para que se asuman compromisos frente a las víctimas y nos pusimos metas altas y estamos avanzando en el cumplimiento de ello. Somos conscientes que aunque hagamos todo esto el déficit es bastante grande porque mientras el conflicto siga, las víctimas seguirán aumentando. En cuatro años no es suficiente, es una problemática que traemos históricamente, pero sin duda en este Gobierno hemos dado pasos decisivos”.
¿Cuáles fueron entonces sus principales banderas como directora de la Unidad de Víctimas?
“Fueron muchas. La primera, son las metas más altas de la política de víctimas. Ahí logramos el mayor presupuesto de la política de víctimas: 600.000 indemnizaciones que hoy cuentan con ese recurso atendiendo la ruta prioritaria de personas con mayor vulnerabilidad. También, la construcción de 642 planes de reparación colectiva, de los cuales por lo menos el 80% son de pueblos étnicos y comunidades que han estado históricamente rezagadas. 368.000 víctimas retornadas, dos millones de víctimas que superan la vulnerabilidad. Trabajamos con ciudades capitales para la reintegración local de estas comunidades conjuntamente con Naciones Unidas y expertos. También lideramos la actualización de la Ley de Víctimas articulada con la política de paz del punto quinto (del Acuerdo de Paz con las Farc). El debate sobre la creación de la comisión de financiamiento para la política de víctimas. Recuperamos los fondos para la reparación de las víctimas con denuncias y otros trabajos. Nosotros hemos pagado el avance de 45 sentencias en este Gobierno. Dejamos un equipo humano de víctimas, campesinos, líderes sociales que rompe con la frase de que no se puede llegar a los territorios”.
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En ese sentido, ¿qué piensa sobre la política de paz total del gobierno Petro?
“Nosotros consideramos que es muy importante que se siga haciendo los esfuerzos para los diálogos. Tenemos un conflicto que tiene dos situaciones. Por un lado, es necesario que se recuperen los territorios para brindar seguridad a las comunidades, pero por el otro que se hagan también los esfuerzos por lograr las negociaciones y acuerdos. Eso es un dilema, pero es la realidad y ese es el drama de nuestro conflicto. Entonces puedo decir que mientras haya conflicto, hay víctimas. La paz total es necesaria y cualquier esfuerzo de paz debe ser valorado por todos los gobiernos. Todos de alguna manera han aportado. Yo no quisiera imaginar si no se hubieran hecho todos los procesos de paz, lo que hubiéramos recibido y si haciendo todos esos procesos tenemos una situación como la actual. Entonces necesariamente es un tema en el que tenemos que avanzar como colombianos. Este Gobierno o los que vengan”.
Su sucesora –tras la caída del nombramiento de Luz María Múnera por no cumplir los requisitos– será Lilia Solano, quien viene de ser viceministra del Interior. ¿Qué opinión tiene de ella?
“Le deseo todo lo mejor para avanzar con la Unidad y por supuesto tendrá todo mi apoyo y colaboración no solo para el empalme sino en todo lo que necesite estaré siempre colaborando para que ella pueda avanzar en el cumplimiento de las metas desde donde yo esté. Nos vamos a ver porque yo sigo con las comunidades”.
¿Y dónde quiere estar ahora? ¿Le han ofrecido algún cargo en el Gobierno?
“No, yo vengo de estar trabajando con las comunidades étnicas y en el movimiento social. Vengo de años ayudando y liderando y eso es algo a lo que nunca he renunciado: estar a favor de los derechos y al servicio de las causas justas, entonces ahí siempre voy a estar, eso es lo que le puedo decir”.
Unidad de Víctimas: entre presiones y cuestionamientos
El pasado 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el Gobierno radicó la ponencia para iniciar el debate de la reforma a la Ley de Víctimas. “Quiero agradecer también a los miembros de la Cámara, a Karyme Cotes, una mujer liberal que ha hecho suya esta ponencia, a James Mosquera, y a cada uno de los miembros de la Comisión Primera para que esta reforma pase a la ponencia. Esta no es cualquier reforma, es una de las víctimas”, manifestó la entonces directora Patricia Tobón, quien sería despedida de su cargo diez días después.
Desde ese momento, según pudo conocer este diario, ya estaban instaladas las molestias con Tobón por parte de algunos congresistas de la coalición del Pacto Histórico que sugerían en los pasillos de Presidencia buscarle un reemplazo. Legisladores que prefieren no ser citados, aseguran que ese proyecto debió radicarse mucho antes y no a casi dos años de mandato del presidente Petro. Pero la molestia va más allá.
Se estableció que no pocos congresistas de varios partidos aliados al Gobierno se acercaron a la oficina de Tobón desde agosto de 2022. La Unidad de Víctimas, además del millonario presupuesto que maneja ($4,4 billones para 2024) es considerado por algunos políticos como un “botín” perfecto porque les permitiría llegar a muchos territorios en los que tienen base electoral de la mano de la Unidad. Esto, sin embargo, no es reconocido en público. Por eso Tobón acepta, en la entrevista con este diario, que sí recibió presiones e intenciones de políticos, pero que le cerró las puertas desde un principio. Otra fuente en Casa de Nariño señala, en cambio, que Tobón como directora no tuvo avances significativos en temas sensibles como los asentamientos de indígenas en el Parque Nacional de Bogotá y otros líos del sistema alimenta la clasificación y priorización de la atención para las víctimas.
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¿Qué viene?
En cualquier caso, el presidente Petro tomó la decisión de que Tobón no siguiera en el cargo y su reemplazo inicialmente era Luz María Múnera, exconcejal de Medellín, quien tuvo un paso fugaz en el Ministerio de la Igualdad como viceministra del Territorio. Múnera, sin embargo, no cumplía con los requisitos para dirigir la Unidad de Víctimas, por lo que el Presidente decidió que sería el reemplazo de Sandra Ortiz, que ocupaba el cargo de consejera presidencial para las regiones, pero quien salió del cargo tras ser acusada por el cuestionado exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, de ser la encargada de entregar supuestas coimas al presidente del Senado Iván Name para aprobar las reformas del Ejecutivo en el Congreso.
Así las cosas, el reemplazo de Tobón será Lilia Solano, actual viceministra del Interior para el Diálogo Social, quien tendría una mejor relación con el Congreso y así impulsar la reforma a la Ley de Víctimas que hasta ahora surte su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representante. Sin embargo, su nombramiento fue cuestionado porque Solano aportó cinco años de experiencia en la Corporación Kairós Educativa, quienes aseguran que no tuvo ningún vínculo laboral ni de prestación de servicios.
Información de El Colombiano*
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