La violencia contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se ha convertido en una tragedia silenciosa. Los recientes asesinatos en Cali y Bogotá reavivaron una alarma nacional que no es nueva: desde 2022, 35 funcionarios penitenciarios han perdido la vida en ataques atribuidos a estructuras criminales que buscan mantener su control dentro de los penales.

La nueva oleada comenzó el 3 de octubre, hacia las 6:30 de la mañana, cuando sicarios atacaron a cuatro funcionarios durante el relevo de turno en la cárcel La Modelo de Bogotá. En el atentado murió el dragoneante Miguel Ángel Muñoz, y tres de sus compañeros resultaron heridos.

Al día siguiente, la violencia se trasladó al Valle de Aburrá: en Bello (Antioquia), un guardia fue baleado al salir de su turno en la cárcel Bellavista. Horas más tarde, en Armenia, otro dragoneante fue víctima de un atentado mientras se movilizaba cerca del centro de reclusión de mujeres.

Pero los ataques no se detuvieron. El domingo, en Palmira (Valle del Cauca), fue asesinado Manuel Antonio Becerra, crimen por el cual ya fueron capturadas ocho personas; dos días después, en Cali, falleció el dragoneante Jimmy Flores Salazar, y el 9 de octubre, en Cartagena, otro funcionario fue atacado a bala mientras salía de cumplir su turno.

Lea aquí: La intimidad en la era digital: ¿Se puede publicar material explícito sin consentimiento y salir libre en el intento?

Ante la cadena de atentados, el Inpec anunció una serie de medidas de emergencia: la suspensión de visitas en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca; el alistamiento de segundo grado a nivel nacional, pese a que no existe capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios; y la solicitud de apoyo permanente de la Policía y el Ejército para reforzar la seguridad durante los horarios de ingreso y salida.

Sin embargo, esas decisiones no han logrado calmar la angustia dentro del cuerpo de custodia. Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), advierte que, aunque el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, ha intentado dar respuesta, la situación supera el ámbito institucional. “Es el Gobierno Nacional como tal el que tiene que utilizar todos los mecanismos: el presidente, los gobernadores, los alcaldes, para salvaguardar nuestras vidas”, afirma.

Para Robayo, el primer paso es que el Estado reconozca la magnitud del fenómeno. “Si el Gobierno no le da la connotación que tiene para detener estas acciones criminales en contra de la guardia, pues ninguna medida va a ser suficiente”. E insiste en que lo que ocurre debe ser reconocido como una masacre sistemática, y que la seguridad externa de los centros penitenciarios debe fortalecerse con presencia de la Fuerza Pública.

“Pensamos que si los alcaldes reforzaran la seguridad externa con Policía y Ejército, como dice la ley, estos ataques se habrían podido prevenir(..) Cuando hay un ‘plan pistola’ contra la Policía, acaban con la banda criminal, pero matan a un guardián y no pasa nada. Tristemente, es la voluntad y la acción que tiene que tomar el Gobierno".

A esa preocupación se suma Ervyn Norza, profesor del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, quien explica que lo que está sucediendo es crítico. “Se requieren medidas mucho más amplias, con carácter de urgencia, que permitan una reacción inmediata de protección y seguridad. Pero esto requiere también medidas de inteligencia penitenciaria, donde haya monitoreo de las amenazas, los riesgos, las causas”.

La medida cuestionada

Entre las medidas contempladas para solucionar el asesinato masivo de funcionarios del Inpec está permitir que los guardianes porten sus armas de dotación fuera del servicio o que puedan adquirir alguna. Sobre esa posibilidad, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios considera que “obviamente incrementa la seguridad de cualquier persona. Nosotros tenemos el entrenamiento necesario para eso; de hecho, para ser guardianes tenemos que hacer un curso de armamento. El tema de las armas no es ajeno para nosotros”.

Conozca: Una víctima expone las cicatrices de la toma del Palacio de Justicia, 40 años después

Sin embargo, existen riesgos. Ervyn Norza explica que eso puede ocasionar enfrentamientos no solo relacionados con ataques directos, sino también con la posibilidad de que estas armas sean utilizadas para otras actividades.

No obstante, el dilema no se resuelve con más armas. Para Robayo, la violencia contra la guardia exige respuestas políticas y no solo operativas. “Hay que buscar también la medida del diálogo con estas bandas criminales que están haciendo estos actos. Es muy difícil que el Gobierno nos pueda brindar la seguridad o ponernos un escolta todo el tiempo. Pero sí hay que buscar también la medida del diálogo”, agrega.

¿Y la emergencia carcelaria?

Dentro del debate se ha planteado la idea, por parte de la Defensoría del Pueblo, de evaluar la posibilidad de declarar una emergencia carcelaria con base en lo previsto en el Código Penitenciario. “Es una oportunidad para que el Inpec active canales institucionales y ponga en marcha estrategias que fortalezcan la protección de la vida de los servidores”, dijo la defensora Iris Marín.

Frente a esa propuesta, Ervyn Norza explica que esa medida da la posibilidad de movilizar recursos extraordinarios para acelerar las mejoras necesarias, entre ellas reformas al modelo penitenciario. “Puede ser una medida que les dé acciones amplias y que vaya acompañada de un componente técnico de gestión del riesgo que tienen los guardias, y unas reformas a nivel de infraestructura, control del personal y vigilancia, que puedan tener efectos no solo en la emergencia sino en todas las dinámicas de criminalidad que convergen alrededor de los centros penitenciarios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion